
El exsenador peronista Edgardo Kueider, detenido en diciembre pasado en la frontera con Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, negó las acusaciones en su contra y cuestionó con dureza a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por su actuación en la causa.
Actualmente bajo arresto domiciliario en Paraguay, Kueider enfrentará allí un juicio por contrabando. En declaraciones radiales, afirmó que el proceso judicial que lo involucra es “una truchada” y sostuvo que las imputaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito no tienen sustento.
“Me piden la pena máxima de 14 años, cuando a Cristina Kirchner le dieron seis por la causa Vialidad. Es una diferencia enorme”, argumentó el exlegislador, quien acusó a Arroyo Salgado de haber “inflado la acusación” para darle mayor gravedad al expediente. A su entender, no existen pruebas sólidas que justifiquen esa decisión.
La causa impulsada por Arroyo Salgado se enmarca en una investigación más amplia conocida como “Securitas”, que indaga una red de presuntos sobornos para obtener contratos con organismos estatales, como la distribuidora eléctrica entrerriana ENERSA. Para Kueider, el vínculo con esta causa fue forzado con el objetivo de justificar la competencia de la jueza y elevar la pena: “Todo esto está muy agarrado de los pelos”, afirmó, insinuando motivaciones personales detrás del proceso. “No quiero pensar que me estén usando como chivo expiatorio para que alguien busque posicionarse en la Corte Suprema”, deslizó.
El exsenador también ratificó su inocencia respecto al dinero no declarado hallado en Paraguay. “Esa plata no era mía ni de mi pareja. Ella estaba haciendo operaciones legales de intermediación financiera e inmobiliaria. Entramos y salimos del país en la misma noche, está todo declarado desde el primer momento”, aseguró.
Kueider también se refirió a su negativa a ser extraditado de forma abreviada a la Argentina, como solicitó la jueza. “Antes tengo que aclarar mi situación en Paraguay, porque ese es el cuestionamiento principal. Quiero volver al país con todo resuelto y demostrar que el dinero no venía de Argentina ni era ilícito”, sostuvo. Agregó que la extradición fue pedida para que preste declaración indagatoria, algo que según la fiscalía paraguaya puede resolverse por medios telemáticos.
La causa, de alto impacto político y mediático, sigue sumando tensión mientras el exsenador insiste en que es víctima de una maniobra judicial.