Por Néstor Belini
En la repatriación de un avión usado durante la dictadura cívico-militar para arrojar personas secuestradas y dopadas, con vida, al mar; el debate por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las dificultades del poder político de encausar la economía con la mayoría de los argentinos adentro del sistema, hay un vínculo íntimo que puede explicar el porqué de la resistencia a someter a escrutinio a la intancia más alta del sistema de Justicia.
El Estado argentino anunció la repatriación de un avión Skyvan de la Prefectura Naval Argentina que participó en el traslado de personas detenidas durante la dictadura cívico militar que asoló al país entre 1976 y 1983. En la nave se trasladó, desde la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, quienes luego de ser torturadas fueron arrojadas, sedadas y vivas, al mar.
La repatriación de la nave, despojada del contexto que le da carácter de prueba concreta de la expresión más inhumana de la represión ilegal contra la sociedad argentina, puede pasar como una acción que solo alcanza a los familiares de las víctimas del accionar criminal de las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor de las políticas liberales que impulsaban los grupos económicos nacionales y trasnacionales más concentrados. Sin embargo, puede ser leída o analizada en el contexto del dificultoso debate para impulsar el juicio político a la Corte y en el de las dificultades de un gobierno que se autopercibe nacional y popular, pero que no termina de concretar en hechos, a pocos meses de terminar el mandato, la voluntad política para cuidar y proteger a su base social del saqueo al que la someten aquellos grupos económicos.
Miradas
El libro «¿Usted también, doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura», expone ensayos de abogados, sociólogos, antropólogos y especialistas en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos, que abordaron el rol que desempeñaron funcionarios judiciales, abogados y sus asociaciones durante la dictadura. También se ocupó de revelar las responsabilidades que les cupo a los civiles que apoyaron el golpe. Aquella investigación reveló el modo en que gran parte del Poder Judicial contribuyó con la dictadura, dotándola de legitimidad.
En el ensayo El rol de la Corte Suprema durante la dictadura. Aportes repetidos y novedosos, que integra aquella obra, sus autores, Juan Pablo Bohoslavsky y Roberto Gargarella, sostuvieron que «en el marco de la discusión relativa a los actores no militares de la dictadura, el rol que tuvieron los jueces y procuradores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“la Corte”) ha sido relegado a un segundo plano comparado con la atención convocada por la actuación de los funcionarios judiciales de instancias inferiores. Este fenómeno tiene relación –tal como explica en detalle la tercera parte de esta obra– con la participación directa y criminal de numerosos funcionarios judiciales de instancias inferiores en la comisión de violaciones de derechos humanos».
Los autores abordaron «las principales decisiones que tomó la Corte entre 1976 y 1983 juzgando las normas fundamentales del régimen y los casos de violaciones graves de los derechos humanos» y estudiaron «cómo legalizó la arquitectura jurídica e institucional de la dictadura, intentó mantener la ficción de que en el país funcionaba un Poder Judicial independiente y obturó los reclamos de las víctimas». También explicaron que, «si bien la designación de los miembros de la Corte por parte de la Junta signó su función cómplice, la doctrina de facto no fue un invento de la Corte de la dictadura, sino que respondió a un patrón ideológico y a una construcción jurídica de larga data en la Argentina y en general en Latinoamérica».
La invisible pero concreta vinculación entre una nave que retrotrae a la sociedad a una de las acciones más cruentas de la dictadura como lo fue la desaparición de personas, los obstáculos que los legisladores de Juntos por el Cambio le ponen a la herramienta que la Constitución Nacional prescribe para evaluar el desempeño de los cortesanos y las dificultades del gobierno de encausar la economía con la mayoría de los argentinos adentro, es palmaria respecto de los posicionamientos que alientan a cada sector.
La sistemática y planificada violencia que la dictadura cívico militar desplegó sobre la sociedad tuvo como objetivo disciplinar a los argentinos y refundar la economía sobre la valorización financiera del capital, en detrimento de la clase trabajadora y de cualquier intento de desarrollo nacional. Por eso la nave es un símbolo del horror: poque es la evidencia de la necesidad de eliminar a quienes se opusieran a aquel plan. En este sendero se encuentra un pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por beneficiar a un represor condenado con el 2×1, aplicando una ley de 1994 que fue derogada en 2001, que aplicaba para delitos comunes. Una multitudinaria movilización popular logró que, un año y siete meses después, se revirtiera el fallo. Cambian los sistemas y los gobernantes pero en la Corte, todo sigue igual.
Ideología
Bohoslavsky y Gargarella postularon que «en relación con la justicia argentina, no debe resultar una sorpresa el reconocimiento de que, históricamente, una mayoría de sus miembros ha profesado o profesa una ideología conservadora o liberal-conservadora. Dicha ideología se caracteriza, por una parte, por una convicción de raíz elitista, basada en la desconfianza hacia las capacidades políticas de las mayorías, y por otra, por una convicción perfeccionista basada en la idea de que ciertas concepciones del bien deben ser desplazadas a favor de otras avaladas por los poderes del Estado (normalmente, esto ha implicado el aliento a concepciones del bien vinculadas con la doctrina del catolicismo). Ambas posturas –el elitismo político, en su versión autoritaria, y el perfeccionismo moral, en su versión religiosa– cuentan con un amplio respaldo en la historia judicial argentina».
El párrafo anterior da pistas de las convicciones de los actuales cortesanos, sobre quienes hay más de una decena de pedidos de juicio político. La avanzada sobre el Consejo de la Magistratura, también aplicando una ley derogada que reemplazó a la que durante 15 años reguló el funcionamiento del organismo; las sentencias de Rosenkratzn en causas en las que estaban como parte ex clientes de su buffet, y los escandalosos chats de un ministro de Ciudad autónoma de Buenos Aires con el secretario privado de Rosatti en los que acordaron lineamientos a seguir para favorecer con una medida cautelar a aquella jurisdicción con el reintegro del 2,95 por ciento de la coparticipación para solventar el traspaso de la policía y los presuntos desmanejos en la obra social judicial, son apenas algunos casos en los que los cortesans deberían dar sus versiones sin escudarse en que se trata de un «ataque» a una independencia judicial de fantasía.
