Judicializan la política

Poco después de conocerse la invitación de Sergio Massa a los jefes de bloque para volver a discutir una modalidad de trabajo, los diputados de Cambiemos presentaron un amparo en el que reclaman la nulidad de la prórroga por 30 días del protocolo de sesiones remotas, definida el martes pasado en una reunión de labor parlamentaria y luego aprobada en la sesión. El principal bloque opositor basó su impugnación en que el texto del protocolo original limitaba su continuidad al consenso de las fuerzas políticas de la Cámara baja y entienden como tales a la totalidad, según la definición de la Real Academia Española. Sin el rechazo de sus jefes la consideran inválida. «Consenso significa ausencia de disenso, una voluntad común de los integrantes de un colectivo», señala un fragmento de la presentación, firmada por los jefes de los bloques Mario Negri y Gustavo Menna (UCR), Cristian Ritondo y Pablo Tonelli (PRO); y Maximiliano Ferraro y Marina Stilman (Coalición Cívica). Fue patrocinada por los abogados José María Solá y Antonio Hernández, especialistas en derecho constitucional. Ayer esperaban que se sortee el juez, aunque si finalmente este martes hay un acuerdo para firmar otro protocolo, la denuncia podría quedar inocua. El oficialismo estaría dispuesto a aceptar que sólo haya sesiones online con temas acordados y cuando un bloque lo requiera pueda garantizarse la presencia de los diputados que quieran estar, en una sede a definir y sin obligar al resto a exponer su salud. La propuesta había sido evaluada la semana pero no fue posible firmarla, porque 90 diputados de Cambiemos estaban en el recinto y no estaban dispuestos a ceder después de tantas horas de espera. Esta semana no está prevista ninguna sesión y sólo hay una reunión de comisión informativa, sin planes de emitir dictamen: la de Desarrollo Humano, que recibirá este martes al titular del Indec Marco Lavagna. La única aplicación del nuevo protocolo sí se aplicó para sancionar la ley de turismo y aprobar el aumento de penas por pesca ilegal, en la polémica sesión del martes, por lo que si se impugna la sesión deberían volverse a votar, en un hecho inédito para la historia parlamentaria.