La confirmación de la condena por la tragedia vial de la Ruta 39 volvió a poner al exfuncionario entrerriano en el centro de la escena judicial. Aunque la pena aún no quedó firme, también sigue imputado en una causa federal por presuntas irregularidades en las obras de dragado del Río Uruguay.
La reciente decisión de la Cámara de Casación de Concordia de confirmar la condena contra Juan Enrique Ruiz Orrico por el choque fatal ocurrido en la Ruta Provincial 39 reactivó el interés sobre la situación judicial del exfuncionario. Sin embargo, ese no es el único frente que enfrenta: paralelamente continúa siendo investigado en una causa federal por presuntas irregularidades en las licitaciones de las obras de dragado del Río Uruguay, expediente que permanece abierto en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.
La condena provincial está vinculada al siniestro ocurrido el 20 de junio de 2024, cuando Ruiz Orrico, entonces presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER), conducía un Volkswagen Passat oficial que, según determinó la Justicia, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Chevrolet Corsa. En el impacto murieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, cuatro trabajadores de Basavilbaso que viajaban hacia Pronunciamiento para cumplir con su jornada laboral.
La Cámara de Casación rechazó recientemente los recursos presentados por la defensa y confirmó la pena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva. No obstante, el fallo todavía no quedó firme, ya que aún restan instancias judiciales por resolver. Por ese motivo, Ruiz Orrico continúa en libertad mientras el expediente sigue su recorrido procesal.
La causa federal
En paralelo, el exfuncionario integra la lista de imputados en una causa iniciada en 2019 a partir de una denuncia del ingeniero y abogado Carlos Jaime Hartwig. La investigación apunta a presuntas irregularidades en las licitaciones de las obras de dragado del Río Uruguay ejecutadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), con sospechas sobre un posible direccionamiento de contratos millonarios y un perjuicio económico para los Estados argentino y uruguayo.
El expediente también involucra a otros exrepresentantes argentinos ante la CARU, entre ellos Mauro Héctor Vazón, actual presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos; Jorge Satto, secretario de Turismo de la provincia; y Pieter Jan de Nul, representante de la empresa que históricamente ejecutó las tareas de dragado. Los hechos son investigados bajo figuras como fraude a la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa tuvo un recorrido complejo. En 2021 había sido archivada por el entonces juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, pero esa decisión fue revocada por la Cámara Federal, que ordenó profundizar la investigación. Más tarde, un conflicto de competencia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que el expediente debía seguir tramitándose en el Juzgado Federal de esta ciudad.
Durante febrero y marzo de este año, Ruiz Orrico y los demás imputados fueron convocados a prestar declaración indagatoria. Posteriormente, el juez dictó la falta de mérito, una resolución que no implica el cierre de la causa sino la continuidad de la investigación hasta reunir nuevos elementos que permitan definir la situación procesal de los acusados.
A fines de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó los planteos de las defensas, que cuestionaban la competencia de la Justicia argentina y la validez de las indagatorias. Con esa resolución, el expediente quedó habilitado para seguir avanzando. Así, mientras espera una definición definitiva sobre la condena por la tragedia de la Ruta 39, Ruiz Orrico continúa afrontando una segunda investigación que mantiene abierto otro capítulo de su situación judicial.
