El parlamento israelí (Knéset) aprobó este lunes 30 de marzo un proyecto de ley que establece la pena de muerte para palestinos condenados por matar a un ciudadano israelí, en un texto que la oposición y organismos de derechos humanos califican de racista y que consolida un régimen de apartheid contra la población palestina. La norma, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra, y motivó una insólita celebración con champagne por parte del propio Ben-Gvir.
El proyecto de ley castiga con la pena capital “a quien intencionadamente o por indiferencia cause la muerte de un ciudadano israelí (…) con la intención de dañar al Estado de Israel y el renacimiento del pueblo judío en su patria”. La norma establece que la ejecución no debe demorarse más de 90 días después de la sentencia definitiva y elige la horca como mecanismo. Además, autoriza a los tribunales militares de Cisjordania (que solo juzgan a palestinos, ya que los colonos están bajo jurisdicción civil) a aplicar la pena por mayoría simple, y obliga a los magistrados a ejecutarla sin margen para dictar sentencias más benignas, sin posibilidad de solicitar indulto.
La votación contó con el apoyo del Likud (partido del primer ministro Benjamin Netanyahu), los partidos ultraortodoxos, el Partido Sionista Religioso, Poder Judío y Yisrael Beitenu (de Avigdor Lieberman). Votaron en contra los partidos árabes, el Partido Demócrata (fusión del laborismo y Meretz), Yesh Atid (de Yair Lapid) y el bloque Azul y Blanco. El ministro Ben-Gvir intentó descorchar una botella de champagne al término de la votación. Organismos de derechos humanos anticiparon que recurrirán al Tribunal Supremo para bloquear la ley.
La norma coincide con una escalada de violencia israelí en múltiples frentes: en Gaza, más de 600 palestinos fueron asesinados desde la entrada en vigor del supuesto “cese al fuego”, y las tropas israelíes consolidan la ocupación del 54% del territorio costero con bases militares, mientras persiste el bloqueo al ingreso de productos de primera necesidad. En Cisjordania se multiplican los asentamientos y los ataques de colonos armados, como parte de un plan de anexión de hecho. En Líbano, Israel amplió su presencia militar hasta el río Litani (30 km de su frontera), dejando cientos de muertos y un millón de desplazados (uno de cada cinco habitantes). En Irán, Tel Aviv bombardea en paralelo con la ofensiva de Estados Unidos.
El gobierno argentino, uno de los más firmemente alineados con el Estado israelí y con el imperialismo estadounidense, tuvo una reacción inmediata: este martes 31 de marzo, las autoridades migratorias y aeroportuarias retuvieron en el Aeroparque Jorge Newbery a Thiago Avila, coordinador de la flotilla global Sumud, iniciativa de solidaridad con Palestina que planea zarpar con ayuda humanitaria hacia Gaza desde el Mediterráneo el 12 de abril. El presidente Javier Milei se había definido como “el presidente más sionista del mundo” y declaró que “vamos a ganar la guerra”, involucrando al país en la agresión contra Irán.
El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convocó a una movilización para el 11 de abril, en vísperas del viaje de la flotilla, desde Callao y Corrientes a Plaza de Mayo, para repudiar el genocidio en Gaza, la guerra imperialista contra Irán y Líbano, el alineamiento del gobierno de Milei con el imperialismo y el sionismo, y la nueva ley racista de pena de muerte. “Viva la lucha del pueblo palestino”, concluye la convocatoria.
