La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar un presunto esquema de irregularidades en la implementación del plan de retiros voluntarios llevado adelante en el Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025. La presentación también solicita que se determine si ese mismo mecanismo fue posteriormente replicado en el Programa de Atención Médica Integral.
La denuncia fue presentada por el periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien además pidió ser admitido como querellante en la causa.
El escrito menciona como personas a investigar a María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del organismo; además del abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y otras personas que puedan surgir durante la investigación.
Entre los posibles delitos señalados en la presentación figuran negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito y presuntas inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales.
Las presuntas irregularidades
Según la denuncia, el foco de la investigación está puesto en el procedimiento utilizado para desvincular al personal contratado a través del ente cooperador ACARA. El planteo sostiene que, aunque la normativa establecía que los retiros debían formalizarse mediante escritura pública, en la práctica se habrían concretado mediante homologaciones masivas en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
De acuerdo con el escrito, esa modalidad habría permitido el cobro de honorarios profesionales no previstos en la reglamentación. Además, se afirma que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado, sin haberlo elegido libremente.
La presentación también cuestiona la falta de respuesta a pedidos de acceso a la información pública sobre el plan de retiros y solicita investigar presuntas inconsistencias patrimoniales de algunos de los involucrados, así como el uso de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado.
El Gobierno rechazó la denuncia
Uno de los ejes de la presentación es determinar si exfuncionarios del Ministerio de Justicia trasladaron este esquema administrativo al PAMI tras asumir cargos en ese organismo.
Consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, fuentes del Gobierno nacional rechazaron las acusaciones y aseguraron que el proceso de retiros voluntarios se desarrolló conforme a la normativa vigente y sin irregularidades.
La denuncia solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas requerimientos de documentación a distintos organismos públicos, declaraciones testimoniales, la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el análisis de registros societarios y patrimoniales de los involucrados.
