Dos enfermeros del Servicio Penitenciario reconocieron que ingresaban celulares al penal. En un juicio abreviado acordaron cumplir la pena de un año y seis meses de prisión condicional.
La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, que subrogó a su par Juan Carlín, dará a conocer el martes 24 de octubre a las 11, su resolución respecto del acuerdo de juicio abreviado que le presentaron el fiscal, Santiago Alfieri Porqueres; y los defensores de los imputados Roberto Ariel Rodríguez y Juan Manuel Oliva -ambos enfermeros suboficiales del Servicio Penitenciario de la provincia-, los abogados Boris Cohen, Constanza Bonazzola y Juan Pablo Temón, respectivamente.
Ambos penitenciarios de la Unidad Penal N°1 de Paraná quedaron involucrados en una compleja trama urdida entre penitenciarios e internos y sus familiares, para la venta de drogas en la cárcel de Paraná. No se probó que ambos tengan relación con la comercialización de estupefacientes. La causa sigue respecto de otras responsabilidades.
Rodríguez, de 40 años, y Oliva, de 41 años, fueron imputados a partir de la denuncia que realizó la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, Cecilia Bértora, que denunció la posible comercializaron estupefacientes en la cárcel y distintos delitos cometidos con dispositivos de telefonía celular y almacenamiento, que eran ingresado al penal y mantenidos en forma clandestina en la Unidad Penal. Acordaron cumplir la pena de un año y seis meses de prisión condicional, más la inhabilitación especial por tres años y la observación de normas de conducta, por dos años, cada uno.
El derrotero
Ayer, el fiscal detalló el derrotero de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y cómo se llegó a dar con los supuestos autores y cómo se definieron los roles que desempeñó cada uno.
En este sentido, las escuchas telefónicas y el aporte que realizó una testigo de “presentación espontánea”, fueron determinantes para la investigación.
En aquella línea, se destacó el rol que habría desempeñado en la compleja trama un joven de Concepción del Uruguay que fue identificado como Miqueas Rojas, sobre quien se está profundizando la investigación. Según precisó ayer el fiscal, Rojas fue detectado en la investigación a partir de las escuchas y el seguimiento de las transferencias que se realizaban entre los integrantes de la supuesta organización del producido ilícito de sus conductas.
En hechos individuales, Fiscalía entendió que Rodríguez y Oliva, en calidad de autores, «sin poder precisar desde cuándo, pero hasta el 25 de octubre de 2022, en circunstancias de prestar servicio en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná; el sub oficial Roberto Ariel Rodríguez a cambio de dinero, ingresó a la unidad penitenciaria teléfonos y otros elementos de valor, coordinando con internos de la Unidad Penal y con familiares de ellos; articulando pagos en efectivo, incumpliendo con ello los deberes que le incumben como Agente Penitenciario de Entre Ríos, en los términos de los artículo 14 y 15 de la Ley Provincial Nº 5.797 – Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Entre Ríos».
En la audiencia, el fiscal señaló que la investigación está abierta respecto de las responsabilidades que le podrían corresponder a internos que están investigados por la presunta comercialización de estupefacientes en la Unidad Penal de Paraná.