El Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo intervino en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), generando una crisis interna y cuestionamientos sobre la confidencialidad de los datos. El ministro admitió públicamente conocer con antelación la cifra estimada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una práctica que viola el artículo 13 de la ley que rige al organismo, destinado a proteger el secreto estadístico.
En declaraciones públicas, Caputo atribuyó al entonces director del INDEC, Marco Lavagna, y a su reemplazo, Pedro Ignacio Lines, haberle proporcionado el dato de inflación, que estimó en un 2,5%, al menos diez días antes de la publicación oficial prevista para el 10 de febrero. Fuentes cercanas a Lavagna negaron esta versión. La revelación anticipada de un dato sensible, según se advierte, crea un escenario propicio para la especulación financiera.
La intervención se produjo en un contexto de tensión interna y culminó con la renuncia de Lavagna, quien manifestaba malestar por las demoras en la actualización de la medición. Simultáneamente, el Gobierno decidió suspender la implementación de una nueva fórmula para calcular el IPC, que ya había sido anunciada por los directores del INDEC y que, según el último informe del Banco Central (BCRA), ofrecería «mayor claridad comunicacional».
La decisión de mantener la metodología anterior coincide con proyecciones del propio BCRA, que anticipó una inflación del primer trimestre más alta de lo esperado, impulsada por las subas tarifarias. La fórmula vigente, que data de la Encuesta de Hogares de 2004, utiliza una canasta de consumo que incluye productos y servicios hoy en desuso o minoritarios, como reparaciones de fax, nafta común, locutorios, videocaseteras, discman, máquinas de escribir, diskettes y rollos fotográficos, entre otros.
Dentro del INDEC, la situación fue descrita como de «desconcierto e incertidumbre». Trabajadores del organismo señalaron que no hubo una comunicación formal sobre la decisión de frenar el nuevo IPC, lo que generó paralización en la estructura. Expertos consultados calificaron como inédito que un funcionario difunda públicamente un dato estadístico en proceso y consideraron anómala la decisión unilateral de modificar la planificación metodológica del instituto.
La medida deja al índice oficial midiendo la inflación actual con una canasta de consumo de hace más de veinte años.
