El pasado jueves, representantes de organizaciones de Concepción del Uruguay viajaron a Buenos Aires para entregar en el Congreso de la Nación un documento elaborado de manera conjunta por el Consejo Municipal de Discapacidad, en respaldo a la Ley de Emergencia en Discapacidad recientemente sancionada. El texto, que refleja el reclamo de personas con discapacidad y de las 14 instituciones que integran el Consejo, fue entregado a distintos legisladores y legisladoras nacionales.
Entre quienes recibieron a la delegación uruguayense estuvo la diputada nacional Carolina Gaillard, quien destacó la iniciativa impulsada desde la ciudad por el intendente José Lauritto y coordinada por el director de Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ángel Salamonini.
“Recibí en mi despacho a representantes de organizaciones que trabajan por una sociedad más inclusiva. Este documento respalda la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechaza un posible veto presidencial”, expresó Gaillard.
La legisladora entrerriana advirtió sobre la gravedad del contexto actual: “Las instituciones conocen de cerca la crisis del sistema: recortes en prestaciones, falta de actualización de los costos de transporte, demora en nuevas pensiones y una creciente angustia en las familias. No podemos permitir retrocesos en derechos fundamentales”.
Un reclamo colectivo
La delegación local estuvo integrada por Fabia Díaz (Asociación Familias Leonas TDAH), Elizabeth Perrón (Instituto Tobar García) y Alejandra Loza (Asociación Civil Surco de Esperanza), quienes entregaron el documento en mano, acompañado por las firmas de numerosas instituciones: ATPADIS, Fundación La Casita, Fundación Arene, Proyecto Imaginarte, la Escuela de Educación Integral N°18 Juan Alberto Marcó, la EEI N°11 Pedro Ponce de León, el Club Zaninetti – Basket Síndrome de Down, ASDCU, Hablamos de Autismo, el Centro de Día El Despertar y la Asociación Civil El Solar Uruguay.
“La inclusión es un compromiso colectivo. Vamos a exigir el compromiso de todos los legisladores y legisladoras para rechazar el veto y acompañar el pedido de las familias e instituciones de personas con discapacidad”, remarcó Gaillard.
El documento, surgido de la asamblea realizada días atrás en Concepción del Uruguay, expresa con claridad la preocupación por la fragilidad del sistema de atención a personas con discapacidad y llama a la acción urgente del Congreso para garantizar derechos y sostener los dispositivos de apoyo.
Con esta gestión, las organizaciones locales reafirman su compromiso con una política de inclusión real y con la defensa activa de los derechos conquistados por las personas con discapacidad en nuestro país.
