Se confirmó que se inició una causa penal por las irregularidades denunciadas por un informe periodístico.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano comenzaron a investigar las presuntas irregularidades en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, después de que se detectara que por un error en la información brindada por el Sistema Nacional Tributario y Social se le depositó durante muchos años los haberes a 80 jubilados que ya habían fallecido. Según confirmaron, de esa cantidad, se constató que en 62 cuentas se hallaba la totalidad del dinero, pero que había 18 casos en los cuales alguien había ido retirando los haberes, lo cual constituye un delito.
Si bien en principio se había dejado entrever un perjuicio mucho mayor para las arcas provinciales, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, brindó precisiones sobre el caso y enfatizó que el total de lo percibido por estos 18 beneficios ascendería a unos 8 millones de pesos los cuales una vez actualizados, podrían duplicarse. «Hay una causa iniciada en el Tribunal de Cuentas porque el mismo presidente de la Caja de Jubilaciones verificó que había irregularidades en la información que envía el Sistema Nacional Tributario y Social (SINTyS) que informa sobre el fallecimiento de personas fuera de la Entre Ríos, porque dentro de la provincia, lo hace el Registro Civil», aclaró.
A partir de esto, el funcionario expresó que el Tribunal detectó que hay alrededor de 80 casos en los que se siguieron depositando fondos en cuentas de ingreso de personas fallecidas. “Lo grave es que hay 18 personas a las que alguien les cobró la jubilación. Claramente hay un delito penal, además de la irregularidad administrativa». Asimismo, comentó que «por eso se inicia el proceso penal y se comunica a la Fiscalía de Estado para que intervenga para el recupero de los fondos». Rodríguez Signes ratificó que en el resto de los casos «el dinero no fue percibido por nadie, estaba en las cuentas de ingreso, por lo que la Caja pide la devolución al sistema de esos recursos».
Insistió con que «esta investigación comenzó en junio, recién está en sus orígenes y no se sabe cuál será el resultado final». Sobre el rol del IOSPER en esta detección de irregularidades, Rodríguez Signes ratificó que la obra social «verificó la falencia en su sistema contable y habría sido lo que se le comunicó al Presidente de la Caja que pide la intervención del Tribunal de cuentas».