Gabriela Fernández (*)
El femicidio es la manifestación más extrema de la violencia de género. En 2022, una mujer fue asesinada en Argentina cada 39 horas. Sin embargo, ser migrante supone un riesgo aún mayor.
En muchos casos, atravesar una situación de violencia de género es uno de los factores que empuja a las mujeres a migrar o a huir para buscar protección. También es un fenómeno que padecen durante el tránsito y en el lugar de destino, lo que puede forzarlas a moverse nuevamente, generándose ciclos de revictimización. La Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) ha reconocido en su accionar el vínculo entre la violencia de género y el derecho a solicitar asilo, brindando protección efectiva a muchas de las más de 5.000 mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de tal condición que viven en el país, según datos oficiales. Asimismo, el 24% de las denuncias por violencia doméstica de 2022 recibidas por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron realizadas por personas migrantes. Dado que las migrantes representan el 6,7% de las mujeres que habitan en Argentina, están claramente sobrerrepresentadas entre las víctimas de violencia de género. En comparación con las nacionales, las víctimas migrantes de femicidio tienden a contar con menor nivel educativo y trabajaban en puestos de menor calificación. En segundo lugar, suelen tener menos redes familiares y sociales de solidaridad y contención, en especial quienes poseen poca antigüedad en el país. En tercer lugar, enfrentan mayores dificultades para acceder a la justicia como consecuencia de la falta de documentación, la xenofobia, desconocimiento del marco normativo y servicios públicos a los que pueden recurrir. Finalmente, el diseño de programas de prevención y atención a las violencias de género no incluye a las migrantes en su momento de mayor vulnerabilidad, al disponer de requisitos de residencia superiores a un año para la cobertura. En este sentido, la campaña “Únete: 16 días de activismo contra la violencia de género”, que se lleva adelante hasta el 10 de diciembre, insta al Estado, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación a incrementar los fondos disponibles para erradicar la violencia de género contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. La inversión suficiente y de calidad es una condición imprescindible para lograrlo.
(*) Jefa de Oficina de la Organización Internacional Para Las Migraciones (OIM) Argentina.
