Carlos Heller
El proceso judicial, la condena y el intento de proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se explican en el marco de una trama de poder corporativo, de mafias enquistadas dentro del Estado. Éstos no son hechos aislados, están vinculados a una serie de prácticas antidemocráticas que ya no amenazan a la democracia desde afuera: lo hacen desde adentro. Sus protagonistas son sectores que estimulan una cultura política dominada por altas dosis de violencia, barbarie e impunidad. Se trata de grupos que intentan torpedear la gobernabilidad: una oposición ampliada integrada por sectores de la política, la justicia, los grandes medios, la economía concentrada y los servicios de inteligencia, que desde dentro de las instituciones trabajan para generar inestabilidad institucional y estigmatización de los dirigentes que expresan a los sectores populares.
Uno de los varios ejemplos de ello es el reciente cuestionamiento a Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados y el bloqueo de la sesión en la que la diputada debía ser ratificada en su cargo. En esa oportunidad, los opositores, además de ejercer una fuerte violencia institucional y verbal, no se sentaron en sus bancas y, de ese modo, impidieron la votación. Desde el retorno a la democracia no hubo un solo caso fallido de reelección de las autoridades de la Cámara en los años en los cuales se mantuvo la composición del cuerpo legislativo.
En este entorno, cobra una relevancia más que significativa el tema conocido como “Los huemules” o, como la definió CFK: “La junta de Lago Escondido”.
A esta altura, los viajeros de ese 13 de octubre son conocidos. Fue una reunión que puso en evidencia la total impunidad con la que funciona esta trama de poderes corporativos. La supuesta independencia de jueces, fiscales, dirigentes políticos opositores y medios de comunicación quedó instantáneamente suplantada por la evidencia de una estrecha relación entre ellos, que les permitió, incluso, debatir cómo fraguar la fecha de facturas para justificar gastos, eliminar fotos comprometedoras y ocultar datos como los medios utilizados para llegar hasta Lago Escondido, entre otras maniobras.
Y no es menor que varios de los integrantes del grupo tengan o hayan tenido en sus manos temas muy sensibles, que en la mayoría de los casos aliviaron a sus amigos y desataron una persecución judicial contra los dirigentes del gobierno nacional y popular. La institucionalidad en la Argentina está en peligro.
