Andrés Asiain
La ocurrencia de incendios intencionales en el país con el objetivo de modificar el uso del suelo para adaptarlos a actividades productivas agrícolas, ganaderas o inmobiliarias, juntamente con prácticas de quema por fuera del sistema legal de permisos y regulaciones ha tenido un aumento preocupante en la última década. Especialmente, durante el período temprano de diseño y discusión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y de su implementación, se generó un fuerte incentivo económico a destruir y quemar bosques de alto valor ecológico y ambiental como forma de evitar una zonificación de preservación que impidiera el posible uso futuro como tierra agrícola, ganadera o de valor inmobiliario. El OTBN fue visto por muchos terratenientes como una pérdida económica y de valor de sus propiedades, lo que generó resistencias en el respeto a las leyes y normativas vigentes. Los incendios intencionales producen graves daños ambientales, sociales y económicos, como el avance de la erosión y desertificación, la desaparición de ecosistemas, alteración del régimen hidrológico, pérdidas de vidas humanas, pérdida de propiedad pública y privada, accidentes en rutas y autopistas y daños al sector turístico. También afectan seriamente a pueblos y ciudades cercanas generando problemas respiratorios que resultan en una saturación simultánea y extendida de hospitales y centros de salud, tal como ocurrió en la ciudad de Rosario en 2020/21, aumentando la presión al sistema de salud, ya en tensión por la pandemia de Covid19. Un trabajo reciente del INTA analiza los incendios intencionales en relación con la OTBN y el período de transición entre el decreto de ley nacional y los ordenamientos provinciales. Por un lado, el estudio demuestra que los dueños de las tierras de alto valor ecológico están informados sobre el potencial económico de transformar los bosques y humedales en zonas productivas; confirma la existencia de una fuerte inclinación a no proteger estás áreas ni comprender su valor como parte de un sistema ecológico mayor, así como la existencia de fuertes incentivos a incurrir en delitos tipificados si esto conlleva una ganancia económica. El problema profundo de la política ambiental no es la falta de normativa, sino más bien la inacción de la Justicia debido a la sumisión de parte de esta a los poderes fácticos. También por la falta de recursos para fiscalización y control de la normativa existente, lo que favorece a quienes realizan conductas ilegales y antisociales.
