Por Pedro Peretti
El lawfare es una forma de imponer una política económica, no tiene nada que ver con las leyes sino con la disputa de poder con las corporaciones. Que su inicio coincidiera con el segundo gobierno de CFK, donde los trabajadores alcanzaron una participación del 51% en el ingreso nacional no es casual. Eso no ocurría desde 1974, 40 años antes, y aun cuando las grandes empresas del país ganaran dinero (incluso más que con Mauricio Macri) era un mal ejemplo de época. El lawfare fue la forma de desterrarlo y de paso, tapar las medidas económicas regresivas del macrismo. Hubo dos chispazos que encendieron la pradera del lawfare en 2013: uno fue la firma del Memorádum de Entendimiento con Irán, el otro fue la fábula de «La Ruta del Dinero K». Ambos fueron avivados por la triple entente de Comodoro Py-Agencia Federal de Inteligencia-Embajada de Estados Unidos, apoyados por Fondos Buitre y direccionados por el Grupo Clarín. El Memorándum con Irán, es tan corto como poco leído: sólo habilitaba a que el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral viajaran a Irán a interrogar a los imputados por el atentado a la AMIA. Nada más. CFK conocía el tema y sabía de los encumbrimientos del atentado porque en el 2000, siendo senadora, había firmado en soledad un dictamen que denunciaba el direccionamiento de la causa por parte de servicios de inteligencia y la Justicia. Su intención de que la causa avanzara podía dejar al descubierto esas complicidades. Pero lo notable, que se repitió en el caso de «La Ruta del Dinero K», es que parte de las operaciones mediáticas contra CFK por la firma del Memorándum fueron financiadas por los Fondos Buitre que no aceptaban la renegociación de deuda aceptada por el 92,4% de los acreedores privados del país. Los Fondos Buitre fueron un punto de contacto entre ambas causas: así como financiaron campañas por el caso Memorándum también empujaron «La Ruta del Dinero K». Ahora, 10 años después, CFK fue sobreseída en la causa por «La Ruta del Dinero» que no era K. Su uso, sin embargo, no terminó y todo indica que se repetirá lo sucedido con la causa Memorándum, cerrada en 7 instancias judiciales, pero finalmente reabierta por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los que sí iban a Olivos pero a reunirse con Macri.
