Por Andrés Asiain
Más allá de los costos en materia de pérdida de soberanía monetaria, la propuesta de dolarización de la economía de los candidatos ultralibertarios choca contra una restricción muy concreta: no hay dólares suficientes para rescatar todas las tenencias financieras en pesos de la población. Al respecto, el ex funcionario menemista Carlos Rodríguez propuso una forma de dolarizar el sistema financiero a partir de los 15.000 millones de dólares que ya están depositados en los bancos. “Un amplio perdón” sobre activos que la ley penal tributaria “trata como producto de evasión, lavado y actividades de narcolavado” acompañada de un “profundo ajuste fiscal, creíble y sostenible”, es la fórmula con la que piensa atraer algo de los casi 300.000 millones de dólares que los argentinos poseen fuera del sistema.
Es una propuesta poco original, ya que gobiernos de diverso signo político la han ensayado con escaso éxito. La idea de que un ajuste bestial genera algún tipo de confianza en quienes tienen dólares fuera del sistema es producto de la retorcida imaginación del economista ortodoxo, que tiene menos realidad que Galtieri ganando la guerra de Malvinas. Luego propone rescatar las tenencias en pesos de los argentinos con una combinatoria de licuar el valor de los billetes y monedas en circulación más las cajas de ahorro y las cuentas corrientes por el efecto de la inflación para luego canjear esas tenencias desvalorizadas por los escasos dólares que cuenta el Banco Central. Para el resto de las tenencias en pesos que están depositadas en activos que poseen cobertura contra la inflación, ya sea porque rinden un interés real o por estar indexadas al dólar o los precios, propone aplicarles un “Plan Bonex”. La referencia es a la confiscación compulsiva de depósitos que implementó Menem en 1989, cuando canjeó los plazos fijos de más de un millón de australes (555 dólares aproximadamente) por bonos en dólares a 10 años.
Es particular que la idea de destruir los ahorros de la población, ya sea licuándolos por inflación o canjeándolos compulsivamente por un bono a largo plazo, sea habitual en economistas que se rasgan las vestiduras hablando de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica cuando se trata de intereses de empresas multinacionales o acreedores externos. Parece que esos criterios no aplican cuando se trata de nuestra propia población, que es sometida a confiscaciones y licuaciones de los ahorros por los tecnócratas liberales, como si fuera un pasatiempo.
