Pedro Peretti
Aunque cueste trabajo bajar al llano la discusión en torno del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la realidad es que en ese debate se juega gran parte del destino de la democracia argentinas. Se trata del primer paso concreto y serio para intentar desarmar el estado mafioso y paralelo que impera en la Argentina. Esta CSJ no sólo pretende cogobernar, sino que ha venido dando a través de sus resoluciones y acordadas lo que podíamos llamar golpes blandos preliminares, golpecitos, al sistema republicano. Ha sido una sucesión ininterrumpida que lleva casi tres años de coerción. El presidente de la CSJ, Horacio Rosatti, nombrándose presidente del Consejo de la Magistratura -¡a partir de una ley que fue derogada por el Congresol hace 16 años!!!-, y la cautelar para beneficiar la campaña de Horacio Rodríguez Larreta con un porcentaje irracional de la coparticipación son hitos de esa avanzada golpista. Esta Corte está hecha al servicio de los grandes grupos económicos, que no por casualidad son los que la están defendiendo a capa y espada. Y no por simpatía, precisamente, sino porque esperan como prestación que estos jueces los favorezcan con sus fallos, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho de los trabajadores, a los que sueñan explotar y despedir sin miramientos en caso de la que derecha se imponga en las próximas elecciones. ¿O cuándo se ha visto a estos empresarios preocupados por la independencia o eficiencia judicial cuando asesinan mujeres todos los días, o cuando sus socios y amigos evaden impuestos, contrabandean y pagan sobornos a funcionarios tan corruptos como ellos? Jamás levantan la voz en esos casos, pero se animan a reclamar (hasta ahí, porque son tan cobardes que no firman con su nombre sino con el de una entidad que reúne asociaciones…) “preservar la independencia de poderes y proteger la libertad”… del zorro en el gallinero. El apoyo que tienen hoy estos jueces es el de sus beneficiarios exclusivos, presentes y futuros. No el pueblo, sino los sectores que los pusieron ahí. Por eso, más allá del resultado que tenga la comisión acusadora en la Cámara de Diputados, el trayecto de estos 90 días, en los que la población está tomando conocimiento de las arbitrariedades, los privilegios y la impunidad con la que se han manejado estos señores, tendrá un impacto pedagógico fundamental.
