Por: Esther Vivas
La emergencia sanitaria por coronavirus e incluso dar positivo por covid-19 no es motivo para que te induzcan el parto, dar a luz sin acompañante, que te separen de tu bebé nada más nacer o que te impidan darle el pecho. Sin embargo, son varias las mujeres que estas últimos meses han relatado experiencias de parto donde estos derechos han sido vulnerados. Ni el estado de alarma ni la pandemia por coronavirus pueden justificar prácticas constitutivas de violencia obstétrica, una forma más de violencia de género. La Organización Mundial de la Salud lo ha dejado claro en un comunicado, todas las mujeres, incluso aquellas que tienen covid-19, tienen derecho a estar acompañadas por una persona de su elección durante el parto, a tener en brazos a su bebé tras parir y a amamantarlo si así lo desean. Sucede que el parto, tanto a nivel social como sanitario, es considerado una patología, un proceso que puede ser peligroso, donde las mujeres no tenemos capacidad de decisión, y en consecuencia debemos delegar en los expertos. Las mujeres acabamos por desconfiar de nuestro cuerpo y sus capacidades, pensamos que no sabemos parir, y asumimos como inevitable el ritual medicalizado, con la consiguiente supeditación y pérdida de autonomía. Así se ha construido en las sociedades modernas la mirada hegemónica sobre el embarazo y el parto. El miedo a lo que pueda suceder es uno de los principales pilares sobre el que se erige este discurso. Un miedo que no atañe solo a la mujer embarazada sino que comparte una parte significativa de los profesionales de la salud, y que se agudiza en un contexto de emergencia sanitaria y estado de alarma como el actual. Y es esto precisamente lo que explica el aumento de las intervenciones en la atención hospitalaria al parto, como inducciones, cesáreas, partos instrumentales. Unas prácticas que al realizarse de manera no justificada, sin dar información adecuada, a veces sin consentimiento, infligen un daño físico y emocional en las parturientas. La OMS se ha pronunciado también de manera contudente para erradicar la violencia obstétrica. Y cada vez más profesionales sanitarios aceptan que estas prácticas existen y que es necesario acabar con ellas. La situación <de emergencia sanitaria por coronavirus no puede significar una involución en todos estos derechos y avances hasta ahora logrados.
