Joseph Stiglitz (*)
Después de que el Covid-19 se propagara a nivel global, millones de personas en los países pobres murieron por falta de acceso a medicamentos que se acaparaban en los países ricos. Tuvimos que recurrir a exenciones de los derechos de propiedad intelectual (PI) relacionada con el patógeno pandémico –incluidas vacunas, testeos, equipos de protección personal y terapéutica– así como compromisos de todos de compartir su tecnología y brindar todos los fondos necesarios para ayudar a los países más pobres. Sin embargo, hasta los defensores más poderosos de la gobernanza internacional, como EE.UU. mostraron pocos escrúpulos a la hora de romper reglas y normas que estaban en conflicto con sus propios intereses inmediatos. Hoy sabemos que las grandes farmacéuticas cayeron tan bajo como para cobrarles a algunos países en desarrollo más de lo que les cobraban a los países ricos. Algunas exportaron el grueso de sus productos a Europa desde los mercados emergentes donde se los fabricaba, cuando los ciudadanos de esos países estaban desesperados por medicamentos. Peor aún, mientras los gobiernos de los países en desarrollo tenían que cumplir con obligaciones contractuales estrictas, a las propias empresas se las eximió incluso del requerimiento mínimo de entregar a su debido tiempo los suministros que habían prometido. Cualquier estrategia racional debe empezar con el reconocimiento de que controlar una pandemia es en beneficio de todos. Dada la aparente incapacidad de los países poderosos de cumplir con sus compromisos durante una crisis, la solución razonable es garantizar la capacidad de producir productos pandémicos en todas partes, y eliminar los impedimentos previsibles para los países que lo hagan. Eso implica acordar una exención de propiedad intelectual (PI) sólida y fijar sanciones duras para cualquier laboratorio que interfiera indebidamente en el uso por parte de otra empresa de la PI especificada, inclusive en casos donde la producción se exporte a terceros países en el mundo en desarrollo. Los gobiernos deberían contar con las herramientas y la autoridad legal para obligar a las empresas dentro de sus jurisdicciones a compartir esa tecnología, y los países en desarrollo deberían tener el derecho de presentar una demanda legal si eso no se cumpliera. Con el Covid-19 priorizamos las ganancias de las farmacéuticas por sobre las vidas y el bienestar de la gente en los países en desarrollo. Fue inmoral, vergonzoso y contraproducente.
(*) Premio Nobel de Economía. Profesor de la Universidad de Columbia.
