Por Alfredo Serrano
La emergencia climática está llevando a los países ricos a acelerar la transición energética, con la consiguiente demanda de nuevos minerales: la demanda mundial de litio aumentaría 42 veces para el año 2040. En este escenario, América Latina tiene mucho que ganar si se integra, y mucho que perder si avanza en un proceso de balcanización del litio en el que cada país ¨hace la suya¨.
Bolivia, Argentina y Chile concentran más de la mitad de las reservas mundiales de este mineral (57%). Por lo tanto, tendrían la llave de un nuevo escenario geoeconómico en materia de transición energética y una fuente segura de divisas para el funcionamiento de sus economías. Según las estimaciones de Celag, para el 2040 las exportaciones de litio alcanzarían los U$D500.000 millones anuales en estos tres países: en Argentina ascenderían a U$D193.477 millones; en Bolivia a U$D210.719 millones y las de Chile a U$D96.723 millones. El litio se convertiría en el principal producto de exportación de sus respectivas economías, que para 2040 podría representar el 81% de sus exportaciones totales.
La única forma que tiene la región para aprovechar esta ventaja económica es que negocie como bloque mediante la creación de una Organización Latinoamericana de Países Exportadores de Litio. Debería estar conformada por un núcleo central (Argentina, Bolivia y Chile), a las que deberían sumarse México y Brasil que, si bien no cuentan con reservas tan importantes, serían actores centrales por la transferencia de tecnología y por su peso geopolítico. La articulación a nivel supraestatal de estos cinco países podría aterrizarse en dos fases:
1- Fase de corto plazo: la suscripción de un convenio/tratado fundacional donde se establezcan las premisas básicas estratégicas, la hoja de ruta, las reglas de funcionamiento, así como los principales puntos de articulación.
2- Fase de mediano plazo: suscripción de un convenio/tratado multilateral por el cual se establezca un organismo permanente de coordinación regional en forma de cartel que tenga como prioridad una política común en materia de precios y producción, y transferencia tecnológica.
Éste debería registrarse en la Secretaría de la ONU para su reconocimiento como organización internacional. La adopción de este convenio, dados los existentes marcos normativos nacionales, no requeriría modificaciones constitucionales porque no se necesita ninguna cesión de soberanía al organismo supraestatal.
Se trata de una decisión política que Argentina y sus vecinos deberían suscribir cuanto antes para evitar la intromisión de las grandes potencias.
