Andrés Asiain
El decreto de un canje de bonos del FGS de la Anses, entre otros organismos públicos, generó una ola de críticas. “Juegan a la ruleta con la plata de los jubilados” señaló un ex titular de la Anses en tiempos kirchneristas, vuelto opositor por motivos pocos claros. Elisa Carrió se apuró a meter un amparo para que pueda entrar a la cancha el partido judicial. Por su parte, el ministro Sergio Massa no tuvo mejor idea que llamar a una facultad controlada por el líder opositor del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires para analizar la validez técnica del canje. El canje impone desprenderse de bonos en dólares bajo ley local o extranjera en manos de la Anses y absorber títulos a 13 años que ajustan por inflación y devaluación más un 8% anual. Al igual que los bonos en dólares de los cuales se desprende, los bonos duales dejan al FGS cubierto en caso de devaluación. Adicionalmente, si la inflación supera a la evolución del dólar oficial, pueden optar por ese rendimiento.
Los Duales son un invento del Tesoro para emitir deuda colocable en el mercado en un contexto de incertidumbre cambiaria y electoral. Los bonos a 13 años son con un rinde mayor que los del mercado, por lo que le asegura una inversión rentable y segura por un plazo muy prolongado que cualquier inversor privado envidiaría. Respecto al canje de bonos bajo ley extranjera por otros de jurisdicción local, podría ser un elemento a tomar en cuenta por un inversor privado, pero nadie imagina a la Anses yendo a litigar contra su propio país en tribunales del exterior.
Otro punto que no afecta “la plata de los jubilados”, pero sí las finanzas públicas es que el canje fuerza a la Anses a vender los bonos en dólares bajo ley local en el mercado, y con los pesos obtenidos comprar los bonos duales. El Tesoro busca los pesos perdidos de recaudación por retenciones que genera la sequía, cumplir con las metas pactadas con el FMI y, de paso, presionar a la baja la cotización del dólar financiero sin usar las reservas del Banco Central. Sin embargo, tiene el costo de transformar una deuda en dólares entre organismos del Estado en una con acreedores privados que, dado su bajo precio de mercado, implica tasas enormes en dólares que descuentan su futura reestructuración.