La empresa estadounidense Halliburton confirmó que no participará del proyecto petrolero Sea Lion ni realizará actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus aguas circundantes.
La decisión se conoció luego de un requerimiento del Gobierno argentino, que había solicitado precisiones sobre la eventual participación de la compañía en el proyecto y sobre el alcance de la legislación argentina respecto de las actividades hidrocarburíferas en el territorio cuya soberanía es objeto de disputa.
La compañía mantuvo contactos con autoridades argentinas y ratificó una posición que ya había sido comunicada por su filial local el pasado 5 de septiembre. En aquella oportunidad, luego de un mensaje del Gobierno nacional en el que se advirtió sobre posibles sanciones a empresas que brindaran servicios o logística a las compañías vinculadas con Sea Lion, la firma había informado que no participaría en proyectos petroleros en las islas.
Presión diplomática y empresarial
La decisión de Halliburton se produce en un contexto de creciente presión diplomática y legal por parte de la Argentina frente a las actividades de explotación de hidrocarburos desarrolladas en las Malvinas bajo licencias británicas.
En ese marco, la Cancillería envió alrededor de 180 notificaciones formales a empresas internacionales proveedoras de servicios petroleros. El Gobierno argentino les advirtió que su participación en Sea Lion podría derivar en restricciones para operar en el país, incluido el sector de Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción de hidrocarburos de la Argentina.
Durante septiembre, las compañías SLB —ex Schlumberger— y Baker Hughes también habían comunicado que no participarían de actividades vinculadas con la explotación petrolera en las islas.
Halliburton, SLB y Baker Hughes se encuentran entre las principales empresas internacionales proveedoras de tecnología, equipamiento y servicios especializados para operaciones petroleras, incluidas aquellas desarrolladas en alta mar.
La vía judicial
La ofensiva argentina también avanzó por la vía judicial. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender actos materiales relacionados con el proyecto Sea Lion.
La resolución alcanzó actividades como perforaciones, obras de infraestructura submarina, instalación de ductos y extracción comercial de hidrocarburos. El fallo se sustentó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por autoridades argentinas, aunque su aplicación efectiva enfrenta las limitaciones derivadas de que el proyecto se desarrolla bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con Navitas Petroleum, entre ellas subsidiarias de la compañía y la firma canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas, por actividades desarrolladas en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.
El régimen sancionatorio contempla, para este tipo de casos, penas que pueden incluir inhabilitaciones de hasta 20 años y prisión de hasta 15 años. El proceso alcanza a unas 60 personas y empresas vinculadas con la operación, accionistas, directivos y proveedores estratégicos de distintos países.
