La ex procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, percibió hasta mediados de junio un proporcional de su sueldo mensual de más de 2 millones de pesos, informaron fuentes judiciales. Además, se le restituyeron los montos que se le venían reteniendo desde que fue suspendida de su cargo a fines de 2021. Goyeneche fue removida por un Jurado de Enjuiciamiento que comprobó mal desempeño de sus funciones.
El Estado provincial le pagó a la ex fiscal hasta el 16 de junio pasado. Ese día se la notificó que el Superior Tribunal de Justicia había rechazado sus planteos contra el veredicto del Jury y que, en consecuencia, su remoción quedaba firme. Sólo le quedaba apelar en queja a la Corte Suprema, un camino que no suspende las consecuencias de la destitución.
Como Procuradora General Adjunta, Goyeneche percibía un sueldo superior a los dos millones de pesos mensuales, según indicaron fuentes tribunalicias a APF. Desde que fue suspendida en el cargo a comienzos del Jury, a este monto se le aplicaba una retención del 30%. Ese dinero quedaba depositado en un plazo fijo en el banco. La última liquidación de haberes a la ex funcionaria judicial fue por el proporcional de los 16 días corridos de junio, calculado sobre el 70% del sueldo neto.
En el Poder Judicial informaron a APFDigital que tanto el plazo fijo fondeado con las retenciones de haberes como los intereses que fue acumulando, le fueron devueltos a Goyeneche tras su salida de Tribunales.
En mayo de 2022, Goyeneche fue destituida de su cargo de Procuradora Adjunta por el Jurado de Enjuiciamiento. En el proceso, se comprobó el mal desempeño de sus funciones al no haberse apartado de la causa que investigaba los presuntos desvíos de fondos de la Legislatura provincial a través de contrataciones ficticias con el fin de financiar actividades políticas y electorales.
El Jury comprobó que tanto Goyeneche como su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi, mantenían una relación personal y comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, quien estaba al frente del estudio contable que habría tenido la tarea de organizar y distribuir los fondos de la Legislatura. A diferencia del resto de los acusados, a Opromolla nunca se le secuestró el celular ni tuvo que padecer la prisión preventiva.
