Ante la falta de consensos políticos, el Gobierno nacional retiró el proyecto de reforma penal juvenil que establecía la edad de imputabilidad en 13 años y retomará el dictamen anterior que fija el límite en 14 años, manteniendo el esquema de financiamiento explícito.
La decisión se tomó a pocas horas del inicio del debate parlamentario previsto para este martes. Según fuentes legislativas, el oficialismo retomará el dictamen trabajado en comisión durante 2025, que ya contaba con mayor respaldo entre bloques dialoguistas.
Qué se mantiene del proyecto original
El dictamen que se pondrá nuevamente en discusión conserva la estructura general del régimen penal juvenil. Esto incluye un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito, priorizando medidas alternativas a la prisión (programas educativos, servicios comunitarios, reparación del daño, tratamientos psicológicos). La privación de la libertad se reserva para delitos graves, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.
También se mantiene la explicitación del costo fiscal y su financiamiento. El costo para la implementación es de $23.739.155.303, que se financiarán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación. El Gobierno considera que el mayor impacto presupuestario está en la contratación de personal especializado.
Además, se incorpora explícitamente la facultad del Estado nacional de convenir con las provincias para la implementación del régimen.
Qué se descarta
El principal punto eliminado es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, propuesta en el proyecto enviado este lunes. Este aspecto no logró el respaldo necesario, incluso entre aliados del oficialismo.
Con este repliegue, el oficialismo busca destrabar el debate para que la reforma pueda ser tratada y votada en el recinto el próximo jueves.
