El Gobierno reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, poniendo en marcha un régimen de blanqueo para dólares del mercado informal que introduce un sistema simplificado de declaración, eleva los umbrales para considerar un delito penal y redefine las reglas de control estatal sobre el patrimonio.
La normativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, entra formalmente en vigencia con la publicación del decreto reglamentario. Su objetivo es fomentar la declaración voluntaria de activos y relajar los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Puntos clave del Régimen Simplificado de Ganancias:
Diseñado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones, este régimen ofrece:
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Blindaje patrimonial: Los adherentes no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre variaciones patrimoniales ni sobre consumos personales.
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Impuesto por facturación: ARCA cobrará Ganancias solo sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento de bienes personales o gastos como base para presunciones de evasión.
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Efecto liberatorio: El pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados.
Nuevos umbrales para delitos fiscales y prescripción
La ley eleva significativamente los montos para considerar un incumplimiento como delito:
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Evasión simple: De $1.500.000 a $100.000.000.
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Evasión agravada: De $15.000.000 a $1.000.000.000.
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Prescripción: Se reduce de 5 a 3 años.
Mecanismos de regularización
La reglamentación define formas de extinguir acciones penales y regularizar deudas:
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Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses, beneficio aplicable una sola vez.
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Recargo del 50%: Si no se radicó denuncia, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un 50% dentro de los 30 días de notificación.
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Multas por plazos: Las sanciones económicas aumentan significativamente para quienes presenten declaraciones fuera de término.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos, fortalecer reservas, dinamizar la inversión privada y garantizar que los fondos declarados bajo el nuevo régimen no sean objeto de persecución fiscal.
