Mientras que algunos lo consideran como una oportunidad perdida para la generación de trabajo, otros entienden que solo llega para regular lo existente.
El Senado convirtió en ley el proyecto de regulación del teletrabajo por 40 votos afirmativos y 30 en contra, en una extensa sesión en la que el Frente de Todos defendió el proyecto y la ausencia de modificaciones, mientras que la oposición coincidió en que no tuvo el suficiente consenso y que será ”una oportunidad perdida para generar empleo en la Argentina”.
La ley, que fija derechos y obligaciones para quienes realicen el trabajo remoto, había obtenido dictamen favorable el jueves pasado con el aval del oficialismo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se negó a introducir modificaciones y ratificó el proyecto aprobado el 25 de junio por la Cámara de Diputados, con 214 votos a favor, uno negativo y 29 abstenciones.
Al inaugurar el debate en nombre del oficialismo, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, destacó que “se trabajó sobre 30 proyectos distintos”, con “matices pero muchos puntos en común para avanzar en los derechos fundamentales de quienes trabajan en esta modalidad”.
Asimismo, agregó que: “Escuchamos a todos los sectores que componen el diálogo tripartito”, afirmó, e inmediatamente comentó que el proyecto “no busca promover el teletrabajo sino regular una modalidad que de hecho se hace en el país” y que “no burocratiza” porque “nadie traba a quienes quieren generar empleo”.
Posteriormente habló Gladys González, de Juntos por el Cambio, quien planteó que “la Argentina pierde una oportunidad de retener talento y de generar empleo” porque el proyecto “será un obstáculo” para la promoción del trabajo. Dirigiéndose a sus pares del oficialismo, les reprochó: “Ustedes han interpretado que esta modalidad es una amenaza y no una oportunidad para vivir mejor”.
Señaló que “se protege al trabajador cuidando al empleo y no sólo escuchando al sindicalismo anclado en el pasado” y dijo que “no había apuro” en sancionar la ley porque se aplicará a los 90 días de finalizada la pandemia, y por eso interpretó que “no hay voluntad de mejorarla”.
