Andrés Asiain
La inflación cada vez más acelerada genera un creciente malestar social. Las principales fuerzas políticas parecen carentes de discurso y de acción, como resignadas a convivir con un permanente aumento de los precios. Desde el oficialismo, el programa económico acordado con el FMI no contiene una política de estabilización de precios más allá de los objetivos de reducción del déficit y la emisión monetaria.
Se trata de una política que ya demostró su inoperancia cuando la actual oposición de Cambiemos fue gobierno y la ensayó en el marco del acuerdo con el FMI de 2018. En ese entonces, el objetivo de reducción del déficit con emisión cero terminó en las tasas de inflación más elevadas de las últimas décadas. El recuerdo fresco de ese fracaso deslegitima cualquier discurso de Cambiemos en la actualidad, como el de Macri hablando de déficit y emisión descontrolada. Ese vacío respecto de un discurso y una acción contra la suba de los precios es ocupado por un sector ultraradicalizado de la ortodoxia económica que propone la dolarización. La renuncia a una moneda nacional es presentada como una garantía para contener los precios, aun cuando la inflación actual tiene componentes inerciales que podrían derivar en una inflación en dólares, tal como se señaló en esta misma columna. Es que lo importante no es ni la efectividad de la dolarización ni su viabilidad, sino que el sector ultraliberal que la enarbola pueda aparentar ser el único que tiene una respuesta frente a la inflación.
Frente a esa situación, la heterodoxia tiene que salir de la modorra. Un acuerdo social que genere tres meses de estabilidad artificial, que luego sea proyectada por los mecanismos que inercializan la inflación, podría ser una salida adecuada. Un pacto social que congele totalmente los precios de todos los sectores, incluidos el dólar y la inflación, seguido de una paritaria en salario real indexada al momento del congelamiento con convergencia de las tasas de interés y el índice de locación de los alquileres. El efecto buscado es que la precaria estabilidad de tres meses lograda mediante el acuerdo social, se inercialice como un piso más bajo de inflación al ser incorporada en la pauta salarial, de alquileres y tasas. De esa manera, se generaría una brusca baja en un piso de inflación inercial que hoy en día corre el riesgo de trepar un nuevo escalón por bastante por encima del 50% anual.
