La semana tuvo una dinámica ideal para el análisis de las conductas de los actores de la institucionalidad provincial. El sector más dinámico es el judicial. Allí el escenario es más claro.
Por Néstor Belini
La Política, menos dinámica en función de lo que exhibe, sigue desilusionando a los ciudadanos de a pie que ven como su nivel de vida se desploma en una caída que parece no tener fin.
A poco más de un año para las elecciones generales de 2023, el escenario político-judicial entrerriano cobró una vitalidad impensada con los proyectos de ley para reformar el Consejo de la Magistratura y crear la Fiscalía Anticorrupción en la provincia. También exhibió un costado que se creía erradicado de la conducta cívica entrerriana, que se destaca por la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones. El escrache que sufrió el legislador nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Concordia, otrora capital del Peronismo, opacó aquella tradición. Rápidamente, el sistema dio muestras de tener reflejos rápidos y surgieron las manifestaciones de repudio al accionar y de solidaridad con el legislador.
Prioridades
Los proyectos de ley para reformar el Consejo de la Magistratura y crear la Fiscalía Anticorrupción en la provincia, hacen a la institucionalidad e impactan de lleno en la Política. En un contexto donde la judicialización de la política y su contracara, la politización de la Justicia, son más que evidentes, los entrerrianos no alcanzan a advertir cómo aquellos proyectos podrían cambiarle la vida. Es entendible: están más preocupados en sobrevivir en un contexto donde la crisis impacta de lleno en los trabajadores ocupados y desocupados, que en interiorizarse de cuestiones técnicas que estarían muy lejos de atender a sus realidades. Pero las determinan y las modifican.
Fotos I
La semana que pasó dejó una serie de fotos de reuniones que tuvieron interpretaciones, legítimas, en algunos medios provinciales, sobre todo de la capital entrerriana. La primera fue entre el flamante presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, con el fiscal coordinador, Ignacio Aramberry. La otra fue la del nuevo Consejo Directivo de la AMFJ, con representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), con Aramberry.
El fiscal fue acusado en un pedido de jury de Falso testimonio en el jury que se sustanció contra la ex procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, -que fue destituida-, y de Incumplimiento de los deberes de funcionario, en dos presuntos hechos en el contexto de la causa que investiga la realización de contratos de obra en la Legislatura, en el período 2008-2018.
Aquellas fotos y reuniones generaron interpretaciones, que se reitera, son legítimas. Hubo quienes entendieron que el pedido de jury contra Aramberry significaba la escalada de un conflicto que tuvo picos de beligerancia con el jury y destitución de Goyeneche. El Poder Judicial se vio afectado en su institucionalidad por acusaciones ligeras y carentes de verosimilitud, respecto de algunos vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), por parte de fiscales que entendían que el jury a Goyeneche era ilegítimo e ilegal.
Temas y facturas
Una fuente judicial deslizó a LA CALLE que en la reunión entre la CD de la AMFJ, el CAER y Aramberry, que se realizó en la sede del Caer, en calle Córdoba, “no solo se habló de la situación de Aramberry sino también de la opinión del Caer respecto de los cambios en la Ley del Consejo de la Magistratura y varias cosas más”. Sin embargo, por la importancia del tema, la fuente añadió que “respecto de Aramberry, se estuvo de acuerdo en favorecer un diálogo más razonable, racional, que propicie alejarse de las chicanas”.
También, la fuente destacó que “el CAER lo viene proponiendo desde la mesa de fortalecimiento institucional, para salir de los agravios y trabajar para consolidar la racionalidad”. Finalmente deslizó que la reunión fue “buena”, y que “de paso, se realizaron algunos pases de factura al MPF”. Tal vez las “facturas” incluyan, como gesto, el archivo del jury, tal como deslizó un importante letrado de Paraná a La Calle. No obstante, reconoció que el jury al fiscal “tiene argumentos más sólidos que el que se presentó contra Goyeneche”.
El desalojo que no fue
Una fuente de diálogo frecuente con actores del Poder Judicial y el poder político, opinó que “el escenario más claro en esta coyuntura es el judicial” y abrevando en las miradas “beligerantes” opinó que “hay dos sectores bien diferenciados, por un lado el MPF con algunos fiscales y por el otro la Sala Penal del STJ”. En este contexto y con aquel “prisma” se “leyó” la noticia del “desalojo que no fue” del MPF del edificio de Tribunales en Paraná. Respecto del escenario político, la fuente opinó, terminante, que “no hay conducción”.
Se trata del “desalojo que no fue” porque no se trató de un desahucio de los fiscales, que quedarían a la intemperie para desarrollar su tarea, y porque la “noticia” se informó en el contexto de una serie de medidas que el STJ dispuso para mejorar el servicio de Justicia, y también porque tenía como antecedente una convocatoria que fue desestimada por el procurador general, Jorge García, cuando el STJ lo invitó a participar de la reunión de Acuerdos del Alto Cuerpo, a fines de mayo de 2022.
Otra fuente judicial consultada precisó que “sectores del poder político siempre le hicieron el juego al procurador y este bardo lo arman desde el MPF, porque el STJ lo manejó con mucha discreción, incluso se comunicó en sobre cerrado y entregado en mano para no darlo a publicidad”. Sin embargo, la medida se filtró a la prensa y a juzgar por las “lecturas” que se hicieron de la medida, todos los caminos conducen a un o una integrante del MPF.
La fuente indicó que “no se los desaloja ni se los intima, como se publicó”, y añadió que “era uno de los temas que se tratarían con el procurador cuando Medina lo invitó a la reunión de Acuerdos para conversar sobre cuestiones institucionales y decidió no asistir, a diferencia del Defensor General, (N de la R: Maximiliano Benítez) que sí concurrió a la invitación”.
Finalmente, Medina y García se reunieron y transmitieron el necesario mensaje institucional con foto incluida. La información de la reunión dio cuenta que “se acordó que se llevará adelante en el marco de un plan de reordenamiento que se cumplirá en los próximos meses y que se extenderá hasta el año que viene”, para lo cual “los equipos técnicos contables” comenzarán a “trabajar en forma conjunta para el cumplimiento de los objetivos del esquema de trabajo trazado para mejorar la prestación del servicio de justicia”. También se trataron, según se informó, “los avances y cambios producidos en el funcionamiento del Poder Judicial, dada la vasta trayectoria de ambos en la Justicia”.
Autonomía a la carta
La fuente precisó que “los ministerios públicos (N de la R: de la Defensa y Fiscal) se llevan el 33% de la tasa de Justicia, pero todos los gastos corrientes como luz, teléfono, impuestos y otros, son del STJ y éste tiene varios organismos desparramados en propiedades alquiladas que ya no se pueden renovar porque piden alquileres muy elevados y no se tiene el presupuesto suficiente, mientras grandes espacios del palacio de Tribunales son ocupados gratuitamente por los ‘autónomos’ Ministerios Públicos”.
