El Gobierno oficializó este miércoles la disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS), luego de detectar irregularidades en una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La medida, anunciada previamente por el portavoz presidencial Manuel Adorni el martes, fue formalizada mediante el Decreto 985/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
La disolución del fondo responde a una serie de inconsistencias identificadas en un informe de auditoría elaborado por la SIGEN, en el contexto de una revisión general de la gestión de los fondos fiduciarios que Milei había iniciado a principios de marzo. El informe detectó «debilidades en los procesos de rendición de cuentas y en la registración de información administrativa, contable y/o financiera, además de la ausencia de monitoreo y control, y deficiencias en los procesos de sistematización de la información sobre la gestión del fondo, junto con retrasos en la auditoría de los estados contables», según el comunicado oficial.
El cierre de este fondo se enmarca dentro del artículo 5° de la Ley N° 27.742 y el Decreto N° 695/24, que otorgan al Gobierno la facultad de modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos.
El FFCS fue creado en 1997 con el fin de “facilitar el desarrollo de microempresas de bajos recursos a nivel nacional, con especial énfasis en las particularidades de cada región”. Para su administración, se constituyó una sociedad anónima, FONCAP, que otorgaba financiamiento a instituciones de microfinanzas, microcréditos para iniciar o potenciar proyectos, capacitación y educación financiera en todo el país, innovación para el sector de microfinanzas y seguros inclusivos para emprendedores.
Ahora, el FFCS deberá proceder con la liquidación de sus activos y fondos, los cuales serán entregados al Estado, que es su único beneficiario, después de ser tratados por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional.
Caputo celebró la disolución a través de su cuenta en X (antes Twitter) y anticipó que el Gobierno continuará con esta política, anunciando que “se terminó el Foncap y se van a terminar varios más en los próximos días”, y resaltando: “basta de fondos y fideicomisos, que siempre fueron creados para usarlos como cajas políticas”.
Adorni, quien ya había adelantado la eliminación del fondo, indicó que la medida permitirá al Estado un ahorro cercano a los 100 millones de pesos mensuales. Aseguró que “los objetivos del fondo no se cumplieron y fue objeto de una pésima administración”. En este sentido, detalló que entre los hallazgos de la auditoría de la SIGEN figuraron una gestión sobrada, otorgamiento discrecional de créditos y gastos innecesarios. Señaló que «el 74% de los gastos eran sueldos y cargas sociales, con 20 millones de pesos destinados a oficinas y 80 millones al pago de 26 empleados, quienes en el último año solo otorgaron 20 créditos».
Además, destacó la falta de un esquema para promover el financiamiento a las pymes, la ausencia de mecanismos para evaluar el cumplimiento de los objetivos y la falta de informes de gestión, entre otras irregularidades. También subrayó que no se protegió el capital del fondo, que ni siquiera era suficiente para cubrir los gastos administrativos.
Por último, Caputo reveló que cuando el fondo fue creado, su capital inicial era de 40 millones de dólares, pero que hoy apenas queda el 8% de ese monto. Consideró que “el Estado metido en estos fondos no ayuda al desarrollo de las pequeñas, medianas y microempresas, así que lo mejor es que el Estado se retire de estos fondos, que no tienen sentido y que hacen perder dinero a los contribuyentes sin generar ningún beneficio”.
