Encontraron plantas y los cogollos de cannabis que tenía en su casa.
Desde 2018 Iván Malajovich está procesado por la tenencia y cultivo de plantas de marihuana.
Una investigación que se inició en 2017 con vigilancias de la Policía a un taller para cultivadores de cannabis y terminó con allanamientos a la casa y al local comercial del cannabicultor, con el secuestro de plantas y frascos con cogollos.
Ahora la Fiscalía pidió que lo envíen a juicio, pero no por tráfico de drogas sino por los delitos de siembra de plantas, guarda de semillas y tenencia simple de estupefacientes. La defensa, en cambio, se explayó en los avances que hubo en estos años en torno al uso del cannabis y reclamó que se dicte el sobreseimiento de Malajovich.
“Fue habido un importante volumen de marihuana”, sostuvo el fiscal Leandro Ardoy en el requerimiento de remisión de la causa a juicio, al tiempo que valoró: “No escapa a la consideración del MPF que se observaron diversas conductas que concurren realmente compatibles con la siembra y/o cultivo de plantas para producir estupefacientes más con la finalidad de consumo personal y con la tenencia de estupefacientes”.
En este sentido, el fiscal consideró que “si bien la cantidad de estupefaciente secuestrado es significativa en lo que respecta a dosis umbrales y variedad de elementos hallados (…) se carece de elementos probatorios y/o circunstancias afines y/o sospechas que habiliten a presumir que Malajovich se dedica a la venta de estupefacientes”.
No obstante, la acusación pública sostuvo que no resultan relevantes “los informes médicos para concluir de manera certera y contundente que los estupefacientes eran para consumo personal (…) toda vez que la gran cantidad de narcótico hallado no sugiere en modo alguno que tenían como destino en ‘forma inequívoca’ su ingesta particular”.
El abogado Andrés Bacigalupo, que representa a Malajovich, consideró que todo el trámite judicial que ha demandado este expediente ha requerido un “desmesurado e innecesario costo de recursos estatales”, además del tiempo que el imputado estuvo con medidas de coerción, por lo cual pidió “un adecuado y justo punto final”.
Sobre la acusación sobre el cultivo de plantas para consumo personal, el defensor destacó, por un lado, que la Fiscalía desista de la imputación por la tenencia de las mismas para la venta, y aseguró que las conductas de Malajovich sí estuvieron “inequívocamente” destinadas al uso personal de las sustancias.
Luego recordó la acusación que pesó sobre el hombre por apología de la marihuana, que luego fue descartada por la Justicia, “por considerar que las manifestaciones y militancia se encontraban plenamente resguardadas por la garantía constitucional de la libertad de expresión”.
En este sentido, subrayó la “legitimación social” de organizaciones civiles como APAC (Asociación Paranaense de Cultivadores Cannábicos), que incluso son reconocidas por el Estado en las últimas leyes y reglamentaciones que habilitan el cultivo y tenencia de cannabis para uso medicinal y terapéutico.
Bacigalupo citó los argumentos de estas leyes, donde se afirmó que las “restricciones reglamentarias configuraron barreras al acceso oportuno del cannabis por parte de la población y como respuesta a ello, un núcleo significativo de usuarias y usuarios han decidido satisfacer su propia demanda de aceite de cannabis a través de las prácticas de autocultivo”, y “la situación particular en la que las personas o las familias que atraviesan la enfermedad, cuando tienen a su alcance la posibilidad de atenuar los dolores, adoptan un rol activo, aún asumiendo el riesgo de ser condenadas por la normativa penal vigente”. Esto último, remarcó el defensor, es lo que sucedió en el caso de Malajovich.
