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sábado, septiembre 7, 2024

Fase 2 y segundo semestre: Incertidumbres y características del tablero provincial y nacional.

La Casa Rosada enfrenta los desafíos del Consejo de Mayo y de la reglamentación de las leyes aprobadas, mientras recorre senderos sinuosos de la macroeconomía. Sin auxilio del FMI ni liquidación de la cosecha, Milei resiste las presiones devaluatorias, en tanto que Frigerio sufre la caída de la recaudación nacional, la coparticipación y la paralización de obras.

Mariano Osuna
Periodista

 La sanción definitiva de las leyes “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”, acompañado de la demorada firma del Pacto de Mayo (o de julio) en Tucumán, significaron los primeros gestos de robustecimiento político e institucional para el gobierno de La Libertad Avanza. Sin embargo, la postergada aprobación abrió un camino de incertidumbres, obligaciones y oportunidades para la anunciada fase 2 del segundo semestre, que tiene como objetivos fundamentales la desregulación estructural de la economía, la transformación del rol del Estado, la eliminación de las restricciones cambiarias (cepo), la reducción del Impuesto País, y la libre competencia de monedas, eufemismo de dolarización.

El acuerdo de los diez ejes programáticos fue rubricado por Javier Milei, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Además tuvo las adhesiones de diez mandatarios de Juntos por el Cambio (Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Jorge Macri de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ignacio Torres de Chubut, Claudio Poggi de San Luis, Leandro Zdero de Chaco, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Gustavo Valdés de Corrientes, Marcelo Orrego de San Juan, Alfredo Cornejo de Mendoza y Carlos Sadir de Jujuy), cuatro gobernadores de distintas vertientes peronistas (el anfitrión Osvaldo Jaldo, Martín Llaryora de Córdoba, Raúl Jalil de Catamarca, y Gustavo Sáenz de Salta), el radical opositor Gerardo Zamora de Santiago del Estero, y tres caudillos de partidos provinciales (Hugo Passalacqua de Misiones, Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro). Los ausentes fueron Axel Kicillof de Buenos Aires, Claudio Vidal de Santa Cruz, Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Ricardo Quintela de La Rioja y Sergio Ziliotto de La Pampa, aunque el dato estelar fue la inasistencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El paso posterior de aquella noche en Tucumán es la conformación del Consejo de Mayo, integrado por un miembro de la Casa Rosada, uno de cada cámara del Congreso nacional, uno por las 24 jurisdicciones, uno por los empresarios y uno por los sindicatos.

Fase 2, la macroeconomía y las cuentas domésticas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que simboliza el ala más política del Ejecutivo libertario y que es un actor clave en la relación con las provincias, es el nombre elegido como representante del Gobierno para la mesa en construcción, para la formulación y ejecución de propuestas legislativas que materialicen los postulados del decálogo firmado el pasado 9 de julio. Su futuro es una incógnita, aunque el funcionario inició reuniones con empresarios del círculo rojo en el almuerzo convocado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). En simultáneo, la Secretaría de Trabajo invitó al triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), protagonizado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, a un encuentro para el próximo martes, con el horizonte puesto en la constitución del mencionado Consejo.

Por otro lado, el Gobierno nacional publicó el jueves pasado el Decreto 608, que reglamentó parte del paquete fiscal sancionado por el Congreso el 28 de junio. Se trata de los capítulos vinculados a la regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, al régimen para el blanqueo de activos del país y del exterior, y al Impuesto sobre los Bienes Personales. En paralelo, el flamante ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, prepara decretos para la reorganización y descentralización de múltiples áreas del Estado y de distintas empresas públicas. Además, afina el texto final de la apodada Ley Hojarasca, que busca la reducción estructural del papel del Estado y la desregulación avanzada de todas las actividades económicas y productivas. En otras palabras, se trata de una etapa de profundización e institucionalización de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, vigente desde el 29 de diciembre del año pasado, como también de los documentos originales de la dupla de leyes aprobadas en el primer semestre.

El proceso de implementación de las normativas fiscales proporciona un final abierto en el capítulo que restituye la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, ante las amenazas de los gobernadores patagónicos y de sindicatos de judicializar la medida. Aunque la historia reciente muestra ejemplos donde el Ejecutivo nacional redobló la apuesta frente a este tipo de reclamos o advertencias, un posible cortocircuito con mandatarios aliados habilita heridas innecesarias para las necesidades de gobernabilidad y de respaldo político de las provincias.

El horizonte libertario de la segunda fase del programa económico choca con las adversidades de dos contextos complejos que mantienen una inherencia recíproca. La macroeconomía muestra una fotografía de superávit que se torna insostenible ante la imagen de aumentos planificados en combustibles, transportes, comunicaciones, electricidad y gas, sumado al incremento de la brecha del tipo de cambio, el nuevo salto del dólar libre (ilegal) y el debilitamiento de las reservas del Banco Central. Allí también asoman los topes o pisos que se vivencian respecto a la licuación de los ingresos, del poder adquisitivo, del consumo de carne y de leche per cápita, y de la paralización mayoritaria de la inversión del Estado en obras públicas, salud, educación y desarrollo social. Además, sin certezas sobre la prometida supresión de las limitaciones a la compra de monedas extranjeras, los sectores exportadores frenan la liquidación por más de 11 mil millones de dólares, ante la negativa oficial a una devaluación que actualice el tipo de cambio. Un accionar que converge con uno de los reclamos que también esgrime cada comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la situación macro de Argentina.

La caída de la recaudación nacional, que influye en los recursos de las administraciones provinciales y de los gobiernos locales; la negativa de financiamiento del FMI y de los principales organismos internacionales; y la indiferente reacción de los mercados luego de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, y de la firma posterior del Pacto de Mayo; dejan un tablero borroso y vacilante sobre el futuro proclamado de salida de cepo, generación de divisas, recuperación de la economía, disminución de impuestos y libertad de monedas en el mercado. Ese escenario descripto, tiene un segundo contexto, que se configura alrededor de la caída de la inflación, que de igual modo al superávit, posee como su principal motor a una recesión que dejó números negativos en el primer semestre en todas las ramas productivas, industriales, comerciales y turísticas; deterioro en la capacidad de compra de las personas y el bienestar de las familias; y una merma significativa del consumo interno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó este viernes que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 4,6% en el mes de junio, subiendo levemente respecto al número de mayo pero cortando la tendencia bajista de los primeros cinco meses del año. Con un acumulado del 79,8% en el primer semestre, los mayores incrementos de junio se dieron en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un elevado 14,3%, seguido por las categorías de Restaurantes y hoteles con 6,3% y de Educación con 5,7%. El interrogante crucial respecto al devenir inflacionario es si la variación de 4,2% de mayo, según los datos oficiales, es el nuevo piso de resistencia. O, al revés, si el nuevo índice de junio representa un rebote incierto tras la disminución lograda en el quinto mes del año en comparación a abril. Su proyección trimestral, hacia fines de septiembre, dejará una ilustración más acabada sobre una estadística que emerge entre las cinco preocupaciones fundamentales de la ciudadanía argentina.

En línea con los anuncios de la fallida conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la entidad principal del país suspendió este jueves la realización de operaciones de pases pasivos, que permite la administración de la liquidez de los bancos, que ahora serán absorbidos por el Tesoro Nacional mediante el instrumento de la Letra Fiscal de Liquidez (LEFI). La culminación de los pasivos remunerados era una de las tres condiciones señaladas por el Mandatario libertario para la reducción de la emisión monetaria, que tiene un efecto dominó, según el manual libertario, en la disminución de la inflación y en la salida del cepo. Los otros dos son la supresión de los PUTs, que son instrumentos financieros que aseguran liquidez a los bancos comerciales frente a la entidad central, y la convergencia  de la inflación con la devaluación en un entorno cercano al 0% mensual. Justamente, el segundo elemento supeditado para la eliminación de las restricciones cambiarias desató una denuncia de golpe de mercado del presidente Milei contra el banco Macro, que fue desmentida por su propio Ministro de Economía.

Ambos aspectos, el escenario macro y la economía doméstica, se mezclan en un laberinto singular para las expectativas libertarias del segundo semestre. Los niveles de conflictividad social; la volatilidad del humor social; la disminución de los recursos coparticipables y de las partidas discrecionales para las provincias; el crecimiento de la pobreza y la desocupación como preocupaciones principales de la sociedad; y el estancamiento de la gestión nacional, emergen como obstáculos relevantes del norte marcado por el Gobierno nacional.  Con expectativas en la reunión del próximo martes, la CGT definió el apoyo a los reclamos judiciales de cada sindicato por Ganancias y reunirá su consejo directivo el próximo 25 de julio para continuar con su plan de acción. Por su parte, el Ejecutivo formalizó el cónclave del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el jueves 18 de julio, que tiene como propósito la definición de un nuevo piso salarial, algo que solamente hizo dos veces en 2024, con una pérdida de poder adquisitivo, en el análisis comparativo entre inflación y aumentos salariales, que supera el 20% durante el primer semestre del año.

Como se detalló previamente, el ministro Francos es el encargado de las negociaciones políticas para la conformación del Consejo de Mayo, pero además es la voz principal frente a los mandatarios provinciales para la cesión de obras nacionales en marcha, y sus respectivas deudas, que fueron paralizadas después del cambio de gobierno en diciembre pasado. En el otro rincón, Sturzenegger y Caputo son el doble comando económico y financiero con el ojo puesto en las normativas locales y en la macroeconomía. Fuera de la gestión cotidiana, el presidente Milei emprendió su décima primera gira al exterior, en un avión privado solventado con recursos públicos, sin agenda oficial, para la participación de una cumbre de millonarios en Sun Valley en Idaho, Estados Unidos. Su viaje anterior, para un evento proselitista del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se dio en medio de la discordia con los países de la región, con críticas incluidas de su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, por su ausencia a la cita del Mercosur.

Efecto dominó en Entre Ríos

Como describió Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, la situación de paralización nacional de obras y desinversión de la Casa Rosada en áreas y programas sensibles de desarrollo social, educación y salud, dejaron un complejo desenlace en las cuentas provinciales, que también exige un nivel extremo de tolerancia a una gestión que tiene por delante el 75% de su mandato. Con matices, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, comparte porciones significativas de su electorado con el presidente Javier Milei. El equilibrio público que caracteriza al ex Ministro del Interior de Mauricio Macri como interlocutor de los mandatarios de Juntos por el Cambio y como jefe de la coalición local, colisiona con las limitaciones presupuestarias para una gestión dinámica y moderna. Más allá del paquete de leyes simbólicas, que apuntan al fortalecimiento institucional, como las normativas respecto a la transición de gobierno, la ética de los funcionarios públicos, el acceso a la información y la reforma política, la oficina estelar de Casa Gris visualiza con extrema preocupación los números de la economía y la ausencia de una metodología específica sobre la distribución de los recursos correspondientes a las jurisdicciones, sin diferenciación de las provincias aliadas de las opositoras.

En la última reunión conjunta de gabinetes con el intendente de Cerrito, Ulises Tomassi, el Gobernador reconoció que hay una “caída en la recaudación como nunca antes se había visto en concepto de coparticipación nacional». “Está en un piso histórico», afirmó durante el encuentro, que contó con la participación de la vicegobernadora, Alicia Aluani, y el titular de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. «Hoy estamos con recursos por debajo de los que teníamos en la pandemia en términos reales”, se sinceró pese a la incondicionalidad con el programa de gobierno de Milei. Resaltó un contexto “con enormes necesidades de la gente, con mayores demandas en los comedores, pedidos de trabajo, porque hay muchos puestos que se pierden». Además, destacó que apuesta a que el Gobierno nacional encuentre “un piso en la caída de la actividad, que la recaudación se vaya recuperando y podamos, a partir del paquete fiscal que se votó en el Congreso, tener mayores recursos en los próximos meses».

 Un día después, durante el cónclave del gabinete entrerriano en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, el Mandatario puntualizó en la caída de un 25% de los fondos provenientes de la recaudación nacional, enmarcado en los recursos coparticipables por Ley. “Nos pidió a cada uno de los funcionarios que cuidemos cada peso”, declaró el  secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, tras la comitiva. “Tenemos que suplir con buena gestión la falta de recursos», repitió como mantra el Gobernador. Las partidas discrecionales, que abarcan desde la asistencia a hospitales y escuelas a los subsidios al transporte público de pasajeros, sufrieron una desinversión del Estado nacional en las provincias del 78%. En paralelo, vinculado al financiamiento de la obra pública, el porcentaje se elevó al 83,7% en el promedio general, mientras que significó un retroceso del 78,7% en Entre Ríos durante los primeros seis meses de 2024. Los números de desocupación en las cabeceras departamentales; la compleja situación de algunas economías regionales, como los cítricos en el departamento Federación y Concordia; los despidos en rubros representativos de la construcción y el comercio; y el discreto nivel reserva en los sectores turísticos de vacaciones de invierno, exhiben las consecuencias de la situación general.

La adhesión con el norte libertario repercute en las limitaciones para reclamos, incluso negociaciones, por las obras nacionales abandonadas, o por las deudas que incluye la cesión de un puñado de ellas. Mucho menos por los fondos legítimos para la Caja provincial de jubilaciones o por los recursos por conectividad y por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que impactó drásticamente en los salarios de los trabajadores de la educación. Un menú complementado con los amagues de incentivos por presencialidad, las amenazas de descuento por los días huelga y la determinación de aumento del 3% de los aportes personales previsionales de activos y jubilados estatales y docentes.

Más allá del diagnóstico, el Ejecutivo provincial transmite las esperanzas de un rebote económico con la llegada de inversiones para obras. En paralelo, Frigerio desanda su agenda de contactos internacionales de tiempos de responsabilidades en el Banco Ciudad, en consultoras privadas y en el Ministerio del Interior durante el gobierno de la alianza Cambiemos. Las dificultades financieras para la gestión implican una mayor creatividad para la demostración de vigencia y centralidad de la iniciativa política. Con mínimo impacto en el humor social, el tema elegido para ese relanzamiento de la agenda de Casa Gris es el robustecimiento de su propuesta de reforma política y electoral, a tono con las declaraciones del ministro Francos sobre la decisión de la Casa Rosada de supresión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). El actual Mandatario de Entre Ríos es uno de los defensores del segundo punto, con apoyos significativos en el pago local para su ejecución en la provincia. Las adhesiones principales provienen de su antecesor, Gustavo Bordet, la presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero, y los intendentes de Villaguay, Adrián Fuertes, y de Concepción del Uruguay, José Lauritto. En esa línea, luego del encuentro con la Liga de Intendentes Justicialistas, el Gobernador mantuvo un cónclave con intendentes vecinalistas en la localidad de Cerrito, encabezado por el anfitrión Tomassi, donde los dirigentes manifestaron su apoyo a las reformas electorales y la incorporación de la BUP. La cita institucional contó con la participación de los jefes municipales Mario Sokolovsky de Valle María, José Walser de Colón, Oscar Francou de Caseros, Andrea Imoberdorff de Los Charrúas, Sergio Martínez de Urdinarrain, Vanina Perini de Villa del Rosario, Rogelio Zanandrea de Santa Ana, César Clement de Oro Verde, y Darío Heinze de Libertador San Martín.

En los análisis electorales y de conformación de frentes, de las oficinas nacionales y locales de La Libertad Avanza y de Propuesta Republicana (PRO), con el ojo puesto en los comicios de medio término de 2025, ambos partidos se reconocen como aliados insoslayables, con ejes identitarios y electorados compartidos en el país y en la provincia. Más allá del experimento en la votación del año pasado, con la incorporación del empresario agropecuario y de medios, Sebastián Etchevehere, como postulante a la gobernación, el oficialismo nacional se sintió más cómodo, en el primer semestre de 2024, con el diálogo directo con la Casa Gris, e incluso con algunos presidentes municipales, como Mauricio Davico de Gualeguaychú.

Juntos por Entre Ríos, el sello que aglutinó la candidatura de Frigerio a la gobernación, mantiene un comportamiento orgánico con la conducción del dueño transitorio del sillón de Urquiza, pero expone diferencias relevantes respecto al posicionamiento frente al Gobierno nacional, a la posibilidad de una nueva coalición que integre a los sectores libertarios, y a la concesión de una banca para la Casa Rosada. El actual Mandatario pertenece a la nueva comisión directiva del PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, pero se sostiene prescindente frente a los dardos cruzados entre el ex Presidente de la Nación y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las divergencias más agudas emergen en la incomodidad de la UCR, ya que pone en juego sus tres representantes en la Cámara de Diputados, que son la ex concejal de Gualeguay, Marcela Antola, el ex intendente de Chajarí, Pedro Galimberti y el ex presidente municipal de Larroque, Atilio Benedetti. Además, los posicionamientos extremos de La Libertad Avanza espantan a los radicales de la idea de una nómina compartida para la votación del año que viene, en un escenario donde el histórico partido puja por su competitividad electoral tras ceder su rol protagónico, como sucedió en los comicios de 2015, 2021 y 2023, cuando la categoría estelar fue encabezada por dirigentes del PRO,

Concordia y Gualeguaychú: dos postales del oficialismo

Como se explicó en otras ediciones de Punto y Seguido, el actual Intendente de la ciudad del carnaval tuvo dos mandatos previos en Pueblo General Belgrano, con un partido local. Su relación con Frigerio proviene desde sus tiempos de músico de la banda de cumbia Ráfaga, época donde también conoce al actual presidente de la Cámara Baja de la Nación, Martín Menem. En línea con el Mandatario provincial, quien lo convenció a dar el salto a Juntos por el Cambio, mantiene un apoyo incondicional con el horizonte del Gobierno nacional y cuestiona la herencia recibida en la Municipalidad. “Con fondos nacionales se paralizaron todas las obras”, lamentó sobre las respuestas negativas a la reactivación de diversas obras con financiamiento nacional pese a las fotografías acumuladas con ministros libertarios y el propio Milei. “Cuando vamos a Casa de Gobierno hablo y creo que se va a destrabar”, aclaró.

Su llegada a la Municipalidad estuvo caracterizada por un fallo judicial que habilitó la potestad de presentarse a las elecciones pese a las polémicas desatadas respecto al tiempo de domicilio en Gualeguaychú. Tras el triunfo a Martín R. Piaggio, cuestionó la administración recibida por Martín E. Piaggio, a quien conoce de su infancia, donde compartieron el mismo barrio en sus primeros años. “Con Martín siempre tuvimos una amistad”, reconoció. “Pero tenemos que decir la verdad a la sociedad de ciertas situaciones con las que nos encontramos”, expresó en una entrevista en Canal 9 Litoral. Como analizó LA CALLE, Davico tuvo un origen peronista pero la imposibilidad de una interna con pegado simultáneo lo corrió hacia la generación de una estructura vecinal. Esa construcción configuró su triunfo electoral para la administración del Ejecutivo local de Pueblo Belgrano, ubicado a pocos kilómetros de la cabecera departamental. La relación personal con el actual Mandatario de Entre Ríos acrecentó su centralidad como figura clave del armado provincial, luego de la victoria en una ciudad que fue gobernada a lo largo de 36 años por diferentes vertientes peronistas. A la par, surge como un nombre de unidad para una lista conjunta en la provincia, aunque la incómoda posición de la Unión Cívica Radical (UCR) proporciona dudas sobre la configuración del tablero político y la conformación de las coaliciones. La lapicera sobre la estrategia se encuentra en el mostrador estelar de Casa Gris, frente al sillón de Urquiza, con una línea directa respecto a los intereses del Gobierno nacional y la estrategia electoral de los hermanos Milei.

A diferencia de Davico, que edifica su construcción local desde las redes de la superestructura política, Francisco Azcué, el intendente radical de Concordia, donde el peronismo perdió después de 40 años, siembra su hegemonía local y la adhesión de una fracción del peronismo, para el fortalecimiento de su musculatura política en el mapa provincial y de sus posicionamiento sobre el contexto nacional y los recortes sufridos en coparticipación y obras públicas. Pese a alguna denuncia específica, el Presidente municipal de la ciudad del citrus, eligió una táctica de paz con su antecesor, Enrique Cresto. Sin expresiones de pesada herencia, la foto conjunta de ambos durante la transición fue ratificada con la convocatoria local de un Pacto de Julio, con el propósito de un acuerdo social y político con el peronismo, representado en el sector del actual Diputado provincial. La incorporación de su ex viceintendente, Alfredo Francolini, como funcionario de la Caja provincial de Jubilaciones, aparece como un capítulo más de ese consenso y de la fragmentación política que atraviesa al peronismo concordiense tras las internas mortales de las PASO del año pasado. La renuncia del presidente del PRO, Eduardo Caminal, como jefe de gabinete de Azcué también grafica el reordenamiento del tablero político después de los diferentes posicionamientos del ex Fiscal. De igual modo, el apoyo del bloque justicialista en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Concordia, para la intervención de Radio Ciudadana y la creación de una Comisión Administradora en reemplazo del Ente de Gestión, asoma como otro ejemplo de ese vínculo con final abierto.

Dos dirigentes que son dos postales del armado del año próximo del oficialismo provincial, en un laberinto respecto a los alcances de la coalición y la posible alianza con La Libertad Avanza. Para ello queda un largo camino sinuoso, donde los logros de gestión de Milei y la llegada de recursos frescos, serán una condición indispensable para el éxito de la gestión de Frigerio en Casa Gris. El segundo semestre ya empezó. Las especulaciones electorales también.

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