Esta semana el Gobierno nacional comienza a pagar la tercera etapa del ingreso familiar de emergencia (IFE), el programa que comenzó a implementarse con el inicio de la pandemia de coronavirus para asistir con 10 mil pesos a los sectores informales, los más castigados económicamente por la cuarentena.
Las dos primeras versiones llegaron a 8,8 millones y 7,8 millones de personas, respectivamente (incluyendo los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo); y se espera que la actual alcance a un número cercano a los siete millones. Más allá de la necesidad de un aporte estatal extra para reforzar las finanzas de millones de argentinos que no pudieron ni pueden trabajar, o que vieron caer drásticamente sus ingresos producto de las restricciones derivadas de la pandemia, el plan tiene fisuras que se expusieron en un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
En la publicación, titulada “¿Por qué el IFE no es eficiente?”, Idesa detalla que “existen fallas en su diseño que llevan al derroche y a filtraciones de recursos” y que estos problemas “deberían ser tenidos en cuenta, especialmente ante la débil situación fiscal actual”. Más aún si, como se especula, el IFE será la base de un plan de auxilio permanente: el ingreso básico universal (IBU).
El informe de la consultora presidida por Jorge Colina explica que el principal error no es de cobertura, sino de focalización. El planteo de la consultora es amplio y expone varios problemas que, en la mayoría de los casos, se vinculan con lo que califica como “información defectuosa” que se usó para elaborar la base de datos y con una “evaluación imperfecta” de las necesidades de los beneficiarios.
Según Idesa, por esto se vio desbordada la estimación inicial de un universo de entre 3,6 y 4 millones de potenciales receptores. Para Idesa, lo más cuestionable de todo el programa es que le dio a cada persona la posibilidad de considerarse como grupo familiar unipersonal a través de una simple declaración jurada.
