Manifestó que adoptó esa decisión porque no está claro cómo ocurrieron los hechos.
El juez penal Rodolfo Mingarini, tomo una polémica decisión al excarcelar a un albañil acusado de haber violado a una mujer. El santafesino explicó que adoptó esa decisión porque no está claro cómo ocurrieron los hechos, lo que deberá esclarecerse en un juicio oral.
«No puedo entrar en la lógica de colocarse el profiláctico cuando tiene que estar sometiendo a la víctima», enfatizó como ejemplo el magistrado. El juez dispuso mantener la acusación por el delito sexual que pesa sobre el albañil y, como medida de seguridad para la presunta víctima, dispuso una orden de alejamiento y prohibición de contacto.
El caso, que tiene amplia repercusión mediática, ocurrió en una localidad del norte de Santa Fe, sin precisiones para preservar la identidad de la mujer que denunció haber sido víctima del ultraje. El juez puso en duda la violación: «No puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que se negaba. Ahí me genera la mayor duda», expresó Mingarini, durante una audiencia en la que se discutía un pedido de excarcelación del presunto agresor.
En ese contexto, no descartó la agresión sexual: «Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable».
Los hechos tendrán que esclarecerse en la etapa de juicio propiamente dicha, para la cual el juez mantuvo la acusación y sólo resolvió sobre las medidas cautelares que pesarán sobre el presunto agresor.
La fiscal Celeste Minitti había pedido que el imputado permaneciera alojado en un establecimiento penal, pero el juez no sólo hizo hincapié en la duda sobre los hechos sino que valoró que no existe peligro de fuga (se presentó voluntariamente cuando supo que había una acusación en su contra) y el riesgo de entorpecimiento en la investigación está neutralizado con las restricciones de acercamiento a la mujer. Además, le impuso una caución del orden de los 200 mil pesos.
Desde el plenario de la Cámara de Casación conocido como «Díaz Bessone», en octubre de 2008, la prisión preventiva es una excepción que sólo procede si el imputado de un delito, cualquiera sea su naturaleza, implica un riesgo de profugarse o de que, estando en libertad, entorpezca la investigación.
