Mientras el Congreso analiza una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, referentes entrerrianos del área expresaron su preocupación por algunos de los cambios propuestos por el Gobierno nacional y advirtieron sobre un posible retroceso hacia un modelo centrado en la internación psiquiátrica.
La creadora de la Fundación Crescer, integrante de la Agencia de Salud Mental y de la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, Sandra Cislaghi, y el secretario de Derechos Humanos de ATE y trabajador del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, Matías Passi, cuestionaron especialmente la reducción de recursos destinados a las provincias, la modificación del enfoque interdisciplinario y la flexibilización de las restricciones para crear hospitales psiquiátricos monovalentes.
El proyecto que analiza el Congreso
La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso mediante el Mensaje 108/26 y comenzó a ser analizada en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado.
La iniciativa contempla modificaciones en distintos aspectos de la legislación vigente. Entre ellas, incorpora las directivas anticipadas en materia de tratamientos y plantea establecer un piso federal que incluya acciones de prevención, asistencia, rehabilitación e inclusión comunitaria.
También propone cambios en la conformación de los equipos interdisciplinarios, que quedarían determinados de acuerdo con los recursos humanos disponibles en cada jurisdicción, e incorpora la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura.
Otro de los puntos centrales es la modificación del régimen de internaciones voluntarias e involuntarias.
Sin embargo, uno de los aspectos que mayor cuestionamiento genera es la eliminación del piso presupuestario del 10% para salud mental establecido en la normativa vigente, junto con la eliminación del esquema de asistencia económica y financiera de Nación a las provincias.
El proyecto también flexibiliza la prohibición de crear nuevos hospitales monovalentes especializados en salud mental.
Preocupación por un posible regreso al modelo de encierro
Para los referentes entrerrianos, estos cambios podrían favorecer el retorno de una lógica de atención basada en el aislamiento institucional.
Cislaghi sostuvo que la iniciativa vuelve a otorgar mayor protagonismo a las instituciones psiquiátricas y elimina las restricciones existentes para la creación de nuevos hospitales monovalentes.
En tanto, Passi cuestionó la pérdida del financiamiento nacional destinado a las provincias y consideró que el sistema necesita mayores recursos para desarrollar dispositivos comunitarios, en lugar de modificar el modelo de atención.
Uno de los principales debates también está relacionado con la interdisciplina. Passi advirtió que el nuevo esquema podría otorgar mayor peso a la psiquiatría en detrimento de otras disciplinas que intervienen en el abordaje de la salud mental.
Cislaghi, por su parte, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre profesionales y señaló que la salud mental no puede reducirse al diagnóstico médico o al tratamiento farmacológico.
Reclaman mayor presupuesto
Los especialistas también cuestionaron que la discusión sobre una modificación de la ley se produzca sin garantizar previamente los recursos necesarios para aplicar la normativa vigente.
Cislaghi señaló que el porcentaje presupuestario establecido por la Ley 26.657 nunca llegó a cumplirse plenamente y consideró que las políticas públicas requieren financiamiento concreto para poder desarrollarse.
En la misma línea, Passi indicó que el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental de Entre Ríos envió un documento a la Dirección Provincial de Salud Mental solicitando que la provincia manifieste su rechazo a la reforma.
Según planteó, el sistema necesita mayor presupuesto, incorporación de personal y apertura de nuevos dispositivos de atención, más que un cambio en la legislación.
Mayor demanda en los hospitales públicos
La situación económica también aparece como uno de los factores que impactan directamente sobre la salud mental y el funcionamiento de los servicios públicos.
Passi señaló que la pérdida de empleos, el cierre de pequeñas y medianas empresas y el deterioro de las condiciones de vida generan mayores niveles de angustia y llevan a muchas familias a recurrir al sistema público ante la imposibilidad de afrontar tratamientos privados.
Este aumento de la demanda provoca, según describió, una fuerte presión sobre los equipos de salud y una dificultad creciente para dar respuesta a las situaciones de mayor complejidad.
Cislaghi también hizo referencia a las dificultades para implementar internaciones breves en hospitales generales, uno de los pilares del modelo establecido por la ley vigente. Entre los principales obstáculos mencionó la falta de camas, equipos interdisciplinarios permanentes, profesionales, espacios adecuados y una articulación más fluida entre las guardias y los servicios de salud mental.
El desafío de fortalecer la red comunitaria
Los especialistas plantearon que uno de los principales objetivos debería ser desarrollar una red comunitaria de cuidados capaz de intervenir antes de que las situaciones de crisis alcancen niveles que requieran una internación.
En ese sentido, Cislaghi sostuvo que una internación puede resultar necesaria para contener determinadas situaciones, pero consideró que una red de atención cercana y accesible puede evitar que muchas personas lleguen a ese punto.
El debate sobre la reforma continuará en el Congreso, mientras desde Entre Ríos advierten que cualquier modificación debería contemplar no solo los aspectos legales, sino también los recursos necesarios para garantizar una atención integral, interdisciplinaria y cercana a la comunidad.
