Ocurrió durante la jornada de la audiencia de apelación de la causa coimas en la que fue sobreseído el exgobernador.
La audiencia de apelación de la causa coimas en la que fue sobreseído el exgobernador y exembajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, terminó en escándalo cuando un grupo de militantes de “Justicia Independiente” escrachó a abogados defensores.
El caso en cuestión es en el que se investigó el presunto pago de coimas por parte de firmas contratistas con el Estado propiedad del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
La audiencia comenzó pasadas las 9 de la mañana y, desde el principio, se observó una peculiar concurrencia pública, que no es habitual a pesar de que cualquier ciudadano puede asistir a presenciarlas -a menos aquellas en las que se tratan cuestiones sensibles como abusos-. Unas 12 personas mostraron interés por escuchar las posturas de la Fiscalía y los defensores ante el juez de Juicios y Apelaciones Elbio Garzón.
En la audiencia estuvieron la fiscal Coordinadora Matilde Federik, el fiscal Gonzalo Badano; y los defensores Raúl Barrandeguy (por Urribarri), José Candelario Pérez (por Ulrich), Juan Méndez (por Ulrich y Haidar), Miguel Ángel Cullen (codefensor de Urribarri), Ignacio Díaz (por Cardona Herreros), José Velázquez (defensor de Cardona Herreros) y Cristian Panceri (por Guillermo Smaldone).
Una vez dentro, el magistrado advirtió a los presentes que durante la audiencia debían guardar silencio y apagar los celulares, para no entorpecer el normal desarrollo del trámite. La regla no se siguió a pie y juntillas, ya que en varias ocasiones se oyeron comentarios de desaprobación cuando exponía un abogado defensor, o aprobación cuando uno de los fiscales daba cuenta de las evidencias de coimas halladas durante la investigación.
En un momento, cuando exponía el abogado Miguel Ángel Cullen, los manifestantes abuchearon una expresión en defensa de Urribarri. Esa conducta motivó la intervención del juez Garzón, quien hizo la advertencia de rigor: si continuaban con esa actitud iba a ordenar el desalojo de la sala. Los militantes guardaron silencio y la audiencia continuó.
Sin embargo, cuando el juez dio por terminada la audiencia los manifestantes sacaron carteles con el rostro de la destituida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, al grito de «¡Urribarri preso ya!», «¡Urribarri corrupto!» y exigieron se la restituya en el cargo a la exfuncionaria removida tras un jury.
Rápidamente agentes de policías de Tribunales desalojaron de la sala a los manifestantes, pero el escándalo continuó en el pasillo. Exhibiendo cartelería, los militantes de «Justicia Independiente» escracharon a los abogados defensores que se retiraban del edificio. Los letrados no salían de su sorpresa por la situación. «Esto es una barbaridad», le dijo Miguel Ángel Cullen a Entre Ríos Ahora.
La persecusión continuó por calle Laprida, donde los abogados José Candelario Pérez, Raúl Barrandeguy y Juan Méndez debieron soportar a los manifestantes por más de una cuadra.
El caso en discusión
En la audiencia de este viernes, los fiscales Federik y Badano solicitaron al juez Garzón que revoque una resolución del 3 de mayo, firmada por el juez de Garantías Mauricio Mayer, mediante la cual se dictó el sobreseimiento de Urribarri, el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; y Carlos Haidar, director de Informativa de la Provincia.
El magistrado basó su decisión en que la Fiscalía violó el artículo 223 del Código Procesal Penal de la provincia, al no pedir prórroga para seguir investigando. También basó esa interpretación en el fallo «Cozzi» de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del 6 de diciembre de 2021 en el que se consideró que los plazos son perentorios, es decir que vencen, y se benefició con el sobreseimiento en una causa por retención de salarios a empleados legislativos a Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, excolaborador del exdiputado radical Ricardo Troncoso. Bajo ese mismo fallo fue sobreseído recientemente el exlegislador.
Hoy, la fiscal Federik remarcó que el fallo viola la Constitución nacional y fallos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo. Y remarcó que los plazos no son perentorios, sino ordenatorios. «La sentencia de Mayer realiza una interpretación inadmisible», señaló y agregó que es «contraria al diseño constitucional y a fallos del máximo tribunal nacional».
«Los plazos de la investigación penal preparatoria son ordenatorios, porque tiene por fin organizar el proceso», sostuvo al cuestionar que se entienda que los plazos para investigar son perentorios. Más adelante, remarcó que el «fallo Cozzi se opone a doctrina de la Corte» y que «no tiene respaldo legal».
«Estamos convencidos de que la Corte va a revocar el fallo Cozzi. Mientras tanto, vamos a seguir buscando jueces probos que respeten la Constitución», esgrimió.
