“La sospecha de corrupción no puede ser la carta de presentación de la actividad portuaria en Entre Ríos”, le dijo a LA CALLE el titular del Puerto Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe. En tanto, el presidente del IPPER, Juan Ruiz Orrico, aseguró que serán “implacables” contra el delito. “Estamos ante un cambio cultural”, consideró, que ya no tolera este tipo de hechos.
El ex concesionario del Puerto de Concesión del Uruguay, José Uriburu, propietario de la empresa Terminal Puerto Concepción del Uruguay (TPCU), sacudió esta semana a la opinión pública local y al mundillo político en particular, con una grave denuncia. El empresario se autoincriminó al admitir que pagó coimas en dólares al administrador del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, Carlos María Scelzi, y al ex presidente de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables de la nación, Leonardo Cabrera.
En diálogo con LA CALLE, los actuales presidentes del Instituto Portuario Provincial (IPPER), Juan Ruiz Orrico y del Ente Autárquico, Marcos Di Giuseppe, brindaron precisiones sobre la denuncia de Uriburu presentada el 19 de abril último.
Las actuaciones judiciales y la investigación interna en relación a los supuestos hechos de corrupción que involucran a funcionarios de la gestión del ex gobernador Gustavo Bordet.
-¿Cómo se inició todo este proceso que derivó en la denuncia ante los tribunales y el escándalo público?
-Di Giuseppe: El 19 de abril, en mi responsabilidad de funcionario público, me presento en el Ministerio Publico Fiscal de Concepción de Uruguay para formular la denuncia correspondiente (tal cual prescribe el artículo 235 del Código Procesal Penal de Entre Ríos), en virtud del correo que había recibido por parte de José Uriburu, con formulaciones de posibles comisiones de delito, auto imputándose en el pago de coimas en el marco de la actividad que desarrolla en el Puerto de nuestra ciudad.
-Orrico: ni bien soy notificado por Di Giuseppe, resolvemos avanzar con la presentación ante la Fiscal de turno, que en ese momento era la Dra. María José Labalta, por la gravedad de las acusaciones, y por entender que el rápido accionar nos permitiría darle los elementos necesarios a la justicia para su actuación. Tenemos la clara instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, de ser implacables hacia la corrupción, actuando con absoluta transparencia y ética en el ejercicio de la función pública.
-¿De qué período estamos hablando?
-Orrico: El empresario Uriburu tenía un pedido de prórroga que estaba para ser ratificada en el Instituto Portuario cuando asumimos. Por falta de información, vuelve el expediente al Ente Autárquico. En ese marco, y ante la falta de documentación pertinente, el Consejo de Administración establece que no cumple con los requisitos, en principio, por la deuda con AFIP y con ATER. Pero, por otro lado, al poco tiempo, durante el proceso de la solicitud de prórroga, surge que había una quiebra decretada por el Juzgado Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay. O sea que, atento a esa situación delicada que tenía la empresa, era imposible la renovación y la prórroga.
-Di Giuseppe: La firma TPCU SA suscribió Permiso de Uso con el Puerto de Concepción el 15 de setiembre de 2018 por 5 años. El 25 de agosto de 2023 la firma presenta nota solicitando su renovación, dado que se encontraba en trámite el 14 de setiembre de ese año las autoridades anteriores, suscriben una adenda prorrogando la vigencia del Permiso de Uso hasta el 14 de diciembre de 2023. Luego extienden otra prorroga hasta el día 14 de abril de 2024. Pero, no habiendo cumplimentado con la documentación que debía presentar, nosotros resolvemos no renovar la concesión.
-¿Por qué, luego de haber sido concesionario tanto tiempo y no habiendo dicho nada, el empresario hizo la denuncia recién ahora?
-Di Giuseppe: Quisiera decir que estamos absolutamente convencidos de que el camino correcto fue el haber actuado en términos de justicia y habernos presentado, elevando las pruebas y demostrar que no hay lugar para la corrupción. El mensaje debe ser claro, sin dudas o claroscuros. En términos de por qué ahora y antes no, supongo que lo hace cuando se da cuenta que no hay forma de renovarle el procedimiento vinculado al permiso de uso del Depósito Fiscal.
-¿Las pruebas -videos y audios- que se aportaron en la denuncia son elementos de prueba?
-Orrico: Es lo que debe determinar la Justicia. Hay algunos videos y unos audios que son confusos. No se ven con claridad, por lo menos a los que hemos accedido nosotros. Se escuchan conversaciones a veces con mucho ruido por detrás; algunos registros fílmicos que son en la oscuridad, se enfoca en algún lugar donde no se determina bien quiénes son las personas. No sabemos si son los únicos o hay más elementos.
-¿Los involucrados son funcionarios políticos o están en planta permanente?
-Orrico: Son funcionarios de planta. Nosotros, paralelamente a la actuación judicial, iniciamos un trámite en la Dirección de Sumarios de la Provincia para ver cómo procedemos y cuáles son las medidas a adoptar, en función del cumplimiento estricto en términos de transparencia y actuación del Estado frente a una denuncia por un supuesto hecho de corrupción.
-¿Cómo piensan que sigue el tema?
-Di Giuseppe: El Ente Autárquico es una herramienta de desarrollo local y regional, es una puerta al mundo, que, para operar al 100%, multiplicar cargas y crecer seriamente, no puede ni debe estar asociada a la corrupción, el amiguismo, la arbitrariedad, etc. Hay mucho trabajo por hacer, la sociedad eligió a este gobierno para cambiar las cosas. Por ello estamos obligados doblemente, debemos ser mejores que los que nos precedieron y no podemos violentar la voluntad popular y la confianza de la gente.
-Orrico: Desde mi rol como autoridad de los Puerto de Entre Ríos, entiendo que estamos ante un cambio cultural. La corrupción se convierte en el virus que hace una sociedad se estanque y atrase. Un empresario que paga coimas busca un atajo, un funcionario que cobra se lleva la plata de nuestros hospitales, escuelas, viviendas, etc.
Por eso, el gobernador Frigerio ha impulsado leyes como la de Acceso a la Información Pública, porque nuestro deber es rendir cuentas, y el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública, para que ningún empleado ni funcionario público opere de los dos lados del mostrador.
