La iniciativa de reforma constitucional para instaurar un sistema legislativo unicameral, promovida mediáticamente por el Ministro Manuel Troncoso, no es una modernización. Es un retroceso institucional que, bajo la promesa de una «eficiencia» dudosa, sacrifica un pilar de nuestra entrerrianía política: la representación territorial equitativa de los 17 departamentos. En un contexto de emergencia socioeconómica y con una Constitución de avanzada incumplida en su totalidad (antes y ahora), este debate costoso y abstracto desvía la atención y los recursos de los problemas reales de los entrerrianos.
Un Costo Prohibitivo en Tiempos de Emergencia Real
Troncoso sostiene que «las constituciones no están escritas sobre piedra» y propone un debate «positivo». Sin embargo, el primer obstáculo insalvable de su iniciativa exige una Reforma Constitucional. Este proceso, detallado en los Artículos 272 a 279 de nuestra Carta Magna, es de una complejidad y un costo económico millonario. Requiere una ley declarativa sancionada por dos tercios de cada Cámara, elecciones para convencionales constituyentes, y el funcionamiento de la Convención.
Mover esta maquinaria institucional tiene un precio concreto para el erario provincial. Un precio que debe evaluarse a la luz de la realidad: según datos oficiales, Entre Ríos perdió más de 5,000 empleos privados registrados en 22 meses. Miles de familias enfrentan la incertidumbre laboral, con conflictos sectoriales que ponen en riesgo cientos de puestos de trabajo más.
En este escenario, destinar recursos millonarios a un debate sobre la arquitectura del Estado no es una priorización audaz; es un gesto de profunda desconexión. Los fondos de una eventual reforma son fondos que se restan de la salud, la educación, la infraestructura departamental y las políticas urgentes de reactivación productiva. La «eficiencia» que pregona el oficialismo no puede construirse sobre el vaciamiento de las áreas que sostienen el desarrollo real de la provincia.
La Representación Territorial: Un Logro Constitucional, No un Obstáculo
El núcleo de la propuesta del unicameralismo ataca directamente el corazón de nuestro sistema de gobierno. El Artículo 93 de nuestra Constitución Provincial es claro: «El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Legislatura compuesta de dos cámaras». Esta dualidad no es un capricho burocrático. Es el resultado de un diseño republicano y federalista inteligente, perfeccionado en la reforma de 2008.
La Cámara de Diputados (Art. 96) representa al pueblo por su número, mediante un sistema proporcional (Art. 91) a través de una lista única en todo el territorio provincial. Este mecanismo busca reflejar la voluntad de las mayorías y minorías a escala provincial.
La Cámara de Senadores (Art. 100) representa al territorio, con un senador elegido por cada uno de los 17 departamentos (Art. 90 y 2). Aquí, cada comunidad departamental elige a su representante de manera directa, garantizando que todas las regiones, sin importar su densidad poblacional, tengan una voz con igual peso legislativo.
Este sistema bicameral es una ingeniería institucional virtuosa. Asegura que la voluntad popular se exprese a través de dos dimensiones complementarias: la proporcionalidad demográfica y la igualdad territorial. El Senado es el garante constitucional del federalismo interno, el contrapeso indispensable que evita la concentración de la agenda política únicamente en los grandes centros urbanos y obliga a un diálogo permanente con el interior profundo.
Suprimir el Senado, como propone implícitamente el unicameralismo, significaría abolir esta representación territorial pura. Un sistema de cámara única, basado casi con certeza en una representación proporcional a escala provincial, consolidaría una lógica donde el peso político estaría determinado casi exclusivamente por la cantidad de votos. Las demandas y realidades específicas de los departamentos con menor población correrían el riesgo de quedar sistemáticamente subrepresentadas en un órgano legislativo homogenizador.
La Falsa Dicotomía entre Eficiencia y Control
El argumento central a favor del unicameralismo es la agilización del proceso legislativo. Es cierto: una sola cámara puede sancionar leyes más rápido. Pero en un sistema republicano, la celeridad no es un valor superior a la deliberación, el control y la calidad técnica.
La existencia de dos cámaras opera como un sistema de «doble revisión». Un proyecto debe ser debatido y aprobado en la Cámara de origen, y luego revisado, matizado y potencialmente mejorado en la cámara revisora (Art. 125). Este proceso, lejos de ser una traba, es un mecanismo esencial de frenos y contrapesos. Fomenta la búsqueda de consensos más amplios, permite detectar errores técnicos o vicios de forma, y otorga tiempo para un escrutinio público más profundo. La «eficiencia» de una ley no se mide por la velocidad de su sanción, sino por su calidad, legitimidad y adecuación a las diversas realidades provinciales.
Eliminar una cámara no es modernizar; es simplificar y empobrecer la democracia. Concentra un poder excesivo en la mayoría circunstancial de turno, facilitando un «trámite exprés» legislativo que reduce el espacio para la oposición, la sociedad civil y el debate plural. La Constitución de 2008, en su Artículo 4, asegura «el derecho a la plena participación en las decisiones de los poderes públicos». Un proceso legislativo más expeditivo, pero menos deliberativo y representativo, vulnera este espíritu.
El Verdadero Problema: La Distorsión de la Representación y el Incumplimiento
El debate impulsado por el Ministro Troncoso es, en el mejor de los casos, una cortina de humo. Desvía la atención del verdadero problema: la distorsión de nuestra representación política y el incumplimiento de la Constitución vigente.
La raíz del mal no está en la Constitución, sino en una ley. El Código Electoral Provincial conserva los resabios de la llamada «Ley Castrillón». Un artículo clave exige que, para postular una fórmula a Gobernador, un partido debe presentar de antemano 15 precandidaturas a senador y una lista completa de diputados.
Este mecanismo, diseñado para otra época, ha generado una dinámica perversa que debilita la esencia representativa de ambas Cámaras:
- Sofoca la vida interna de los partidos y la competencia: La necesidad de armar una «lista completa» provincial (tanto de senadores por cada departamento como de diputados por lista única) de antemano y como condición sine qua non para la candidatura a Gobernador, ha convertido este proceso en una negociación centralizada y cupular. La designación de candidatos a senadores por cada departamento y el orden de la lista de diputados dejan de ser el resultado final de una competencia interna democrática y abierta. Se transforman en instrumentos de una estrategia global, donde los intereses y equilibrios de la cúpula partidaria a nivel provincial priman sobre la construcción de liderazgos y representación desde las bases. Esto ha atrofiado la competencia interna, que es el motor natural de renovación y oxigenación de las fuerzas políticas.
- Desvirtúa el vínculo representativo: Si bien los senadores son elegidos por el voto directo en sus departamentos y los diputados en una lista única provincial, el modo en que llegan a esas boletas suele estar viciado. Un candidato a senador puede ser impuesto en una negociación central, sin raigambre ni diálogo previo con su electorado departamental. De manera similar, el orden de la lista de diputados, crucial para definir quiénes acceden al cargo, se decide en mesas alejadas de la militancia y los votantes. El resultado es que algunos legisladores llegan a sus bancas con una legitimidad de origen condicionada por los acuerdos de cúpula, y no como resultado directo de una elección primaria competitiva que los valide ante la ciudadanía. Esto afecta la calidad y autonomía de la representación en ambas Cámaras.
- Erosiona el pluralismo y la competencia política: Este sistema actúa como una barrera de entrada para sectores internos disidentes o nuevas fuerzas políticas con arraigo en determinados departamentos o sectores sociales, pero sin la capacidad –o voluntad– de participar en un esquema de negociación centralizado que exige presentar una estructura completa desde el primer día.
La Reforma Necesaria: No a la Constitución, Sí al Código Electoral y al Cumplimiento
Si existe un genuino interés en mejorar la representación y dinamizar la política provincial, la clave es doble y mucho más sencilla que una reforma constitucional:
- Derogar los artículos del Código Electoral que condicionan la candidatura a Gobernador a la presentación de listas legislativas completas. Esta modificación legislativa, de bajo costo y alto impacto, permitiría:
- Revitalizar la democracia interna de los partidos, donde las precandidaturas a senador y los lugares en la lista de diputados puedan ser disputados en elecciones primarias genuinas.
- Fortalecer el vínculo directo entre los futuros legisladores y la ciudadanía, tanto a nivel departamental como provincial, recuperando el sentido de la representación.
- Oxigenar el sistema político al permitir una competencia más abierta y transparente por la representación.
- Cumplir la Constitución de 2008. Tenemos una Carta Magna de avanzada con una «letra dormida». Órganos creados para mejorar la gestión y el control, como el Consejo Económico y Social (Art. 53) y la Defensoría del Pueblo (Art. 215), nunca se implementaron. La verdadera demostración de fortaleza institucional y voluntad de modernización no es cambiar las reglas, sino reglamentar y poner en marcha las herramientas de participación, transparencia y control que ya tenemos.
Defender la Bicameralidad y la Democracia Real
El Ministro Troncoso plantea el unicameralismo como una solución visionaria. El análisis constitucional, presupuestario y político demuestra lo contrario: es una solución regresiva, costosa y superficial que ataca la estructura pero ignora las causas profundas de los males.
El problema de Entre Ríos no es tener dos Cámaras. El problema político es tener un sistema electoral que pervierte el modo de integrarlas y una dirigencia que ha incumplido sistemáticamente los mandatos de la Constitución vigente.
Entre Ríos no necesita menos democracia, menos controles ni menos voz para sus departamentos. Necesita más voluntad política para cumplir la Constitución de 2008, más transparencia en la conformación de la representación popular y más compromiso con las urgencias socioeconómicas de su gente.
La verdadera fortaleza institucional no se demuestra cambiando las reglas para facilitar la gestión del poder, sino teniendo la voluntad inquebrantable de cumplir las que el pueblo ya sancionó y de corregir las leyes que las distorsionan. En relación a lo que se busca oficialmente, lo mejor es una reforma electoral que revitalice la democracia interna y la representatividad de ambas Cámaras, no lo contrario. El futuro de Entre Ríos se decide fortaleciendo su democracia republicana y representativa, no demoliendo uno de sus pilares fundamentales.
