Luego de reuniones contrarreloj, el staff técnico del FMI y el equipo económico del Gobierno llegaron a un entendimiento definitivo. Con la letra chica, el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, con un panorama incierto sobre su votación final.
Por Mariano Osuna
El martes pasado, mientras terminaba el feriado de Carnaval, el presidente Alberto Fernández efectuó su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de inaugurar un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Congreso nacional. Su intervención inició con todo lo vivido desde marzo de 2020, a tres meses de haber asumido, en relación a una pandemia mundial que transformó mucho más que los planes de los gobiernos. Luego de su repaso por la gestión sanitaria, como también por distintas acciones vinculadas a las consecuencias sociales y económicas, se refirió al proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que establece distintas pautas macroeconómicas y fiscales, con 10 evaluaciones trimestrales, donde se refinancia el acuerdo stand by tomado durante la administración de Mauricio Macri.
El texto completo del proyecto de Ley, que ingresó este viernes a la Cámara de Diputados, reprograma los vencimientos correspondientes a 2022 y 2023, que tienen un valor superior a 40.000 millones de dólares, para pagarlos entre 2026 y 2034. El nuevo entendimiento, que reemplaza las condiciones asumidas durante el gobierno de Cambiemos, será bajo el programa de Facilidades Extendidas, con una duración inicial de dos años y medio. La idea central de la refinanciación implica que Argentina no deberá utilizar recursos nacionales para el pago de la deuda, sino que se abonará con dinero del propio organismo internacional. La iniciativa elimina las presiones imposibles que el país tenía en estos dos años próximos y facilita un tiempo de crecimiento y robustecimiento de las cuentas públicas, postergando y mejorando el escenario de pagos.
Durante otro pasaje de su discurso, Fernández advirtió que el nuevo acuerdo logrado con el FMI no desestima la denuncia en curso y su posterior investigación sobre la responsabilidad penal en la toma de la deuda de 2018. El mensaje fue hacia el Poder Judicial, que hace rato tomó partido respecto a los distintos procesos judiciales contra Macri o integrantes de su Poder Ejecutivo, como por ejemplo ocurre con las diferentes investigaciones en curso sobre espionaje ilegal, llevado adelante por la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, contra dirigentes opositores de ese momento, organizaciones sociales y sindicales, periodistas, familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, e incluso funcionarios de la ex alianza gobernante. También esa definición fue un guiño hacia adentro de la coalición gobernante del Frente de Todos, especialmente en días de indefinición sobre los acompañamientos, las abstenciones y los rechazos al mencionado proyecto de Ley. En simultáneo, el bloque del PRO decidió levantarse de la Asamblea Legislativa, algo inédito en la historia de aperturas de Sesiones Ordinarias, pero significativamente gráfico de las propias internas de Juntos por el Cambio sobre la postura final hacia la votación del entendimiento.
Semana legislativa
El proyecto ingresado, conformado por el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, y el Memorando Técnico de Entendimiento, pasará por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas de la Cámara Baja. Con una semana intensa, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y el representante ante el FMI, Sergio Chodos, asistirán a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada para este lunes 7 de marzo, a las 14Hs. Un día después, participarán gobernadoras y gobernadores de diversas provincias, la CGT, las CTA, representantes de movimientos sociales y Apyme, mientras que el miércoles el oficialismo buscaría dictamen, con el propósito de cerrar la semana con una sesión ordinaria entre jueves y viernes.
El poroteo previo no es un tema menor. El nuevo jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, allanó el camino con reuniones cara a cara con la mayoría de los legisladores del bloque. A los 11 votos que generalmente le faltan para la consecución del quórum, se suma la incierta definición de distintos diputados de La Cámpora o vinculados a organizaciones sociales. La posible abstención de los diputados que responden al gobernador Schiaretti en Córdoba, sumado al rechazo de los halcones del PRO, los bloques libertarios y los escaños del Frente de Izquierda, supone una estrategia oficial que incluye a las distintas variantes del radicalismo con representación legislativa, y a la Coalición Cívica, como también a los integrantes del peronismo bonaerense y el socialismo santafesino del opositor Interbloque Federal.
Las diferencias hacia adentro del Frente de Todos no son las únicas, aunque resultan esenciales en la búsqueda de fortaleza política hacia los desafíos de los próximos dos años y la agenda del futuro, más cercana con los planes prepandemia y con los pilares estructurales del contrato electoral firmado en las urnas en 2019. Entre aquella carta de la vicepresidenta, Cristina Fernández, y la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque oficialista en Diputados, pasaron una serie de definiciones, anuncios y movimientos políticos, que no terminan de dar certezas sobre la propia mutación de la coalición gobernante, especialmente pensando en los magros resultados de los comicios de medio término y en la cercanía de las elecciones presidenciales de 2023.
El debate principal por estas horas atraviesa las consecuencias de las metas fiscales, como los efectos en su cumplimiento respecto al rol del estado en la inversión social. En otras palabras, que los requerimientos del organismo financiero no condicionen el crecimiento económico, especialmente el alcance de las buenas noticias fuera de la macroeconomía, tangible en los bolsillos trabajadores y en las mesas argentinas. Si el acuerdo con el FMI es prioridad, el poder adquisitivo y la recuperación de los ingresos, luego de un par de años de mucha inflación, como los incentivos del consumo popular, en un círculo virtuoso que permita la generación de puestos de trabajo, mejores salarios, más inversión y mayor dinamismo de la economía, también es indispensable. El equilibrio entre las obligaciones con el organismo y las necesidades de una población que requiere un respiro, luego de años de crisis económica y de pandemia sanitaria, es el desafío troncal, más aún pensando en las aspiraciones legítimas de un nuevo mandato del Frente de Todos. El 2023 acecha y Juntos por el Cambio, ni lento ni perezoso, cada vez se convence más de la oportunidad de un segundo tiempo en la Casa Rosada. En la principal vereda opositora, Juntos por el Cambio inicia una semana con un encuentro virtual durante esta jornada de domingo, donde los distintos partidos integrantes buscarán esa organicidad inexistente desde que Mauricio Macri dejó de ser presidente.
Esta semana, se lo vio al ex Mandatario con un perfil muy activo, convocando reuniones en su casa junto a economistas de los distintos partidos de la alianza opositora, como también con los presidenciables del PRO, en una cruzada por extender la posición más dura respecto a la votación del entendimiento con el organismo financiero. En el otro extremo, la Coalición Cívica difundió en varias oportunidades gestos de acompañamiento al proyecto del Ejecutivo, incluso viralizando en distintos medios que la iniciativa debería esquivar al Congreso, como ocurrió hace cuatro años, en la toma del crédito stand by en cuestión.
La Unión Cívica Radical todavía tiene abiertas diversas heridas provocadas por la salida del poder y las pretensiones de superar el rol secundario que el partido Centenario tuvo durante los años de Cambiemos en el poder, incluso con la convivencia de dos bloques propios, conducidos por diferentes líneas internas del radicalismo cordobés. Con muchas internas sin definir en Juntos por el Cambio, la pelota se encuentra en el campo de juego del Gobierno, que requiere la aprobación del proyecto consensuado con el FMI, para barajar y dar de nuevo, respecto a desplegar la demorada agenda programática, pero también en la conducción política de un Frente que requiere una intensa apoyatura social, porque no hay cimientos sin una buena base ni futuro sin planificación.
