A horas de conocerse los oferentes para la nueva concesión del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, el diputado Jorge Taiana presentó un pedido de informes por la opacidad del proceso, y se sumó una denuncia penal ante la PIA contra Milei, Caputo y Arreseigor por presunta violación de deberes de funcionario público.
La única certeza del proceso es que este viernes se abrirán los sobres con las ofertas. Sin embargo, el diputado Taiana (UP) presentó un pedido de informes que cuestiona la transparencia de la licitación en el marco de la Resolución 67/2025, que «prioriza la lógica del mercado por sobre el interés nacional». Taiana advirtió que la disolución del Ente Nacional de Control dejó un «vacío institucional» que vulnera los derechos de las provincias ribereñas, y que no se puede permitir que «el control de la vía quede librado a la autorregulación del mercado».
Por otro lado, se presentó una nueva denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) impulsada por José María Lojo, con patrocinio de Eduardo Barcesat y Joel Sverdlik. La denuncia imputa al presidente Javier Milei, al ministro Luis Caputo y al titular de la ANPYN, Iñaki Arreseigor, por presuntos delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Señala que el pliego es «torpemente ineficiente», trasladará mayores costos a productores y consumidores, y carece de precisiones sobre estudios de impacto ambiental, a pesar de que un dictamen previo de la PIA y fallos judiciales ya habían advertido estas falencias.
El pliego incluye una cláusula (artículo 16) que excluye a empresas controladas por Estados soberanos, lo que fue interpretado como un blindaje para evitar la participación de compañías chinas, en línea con la política estadounidense. También exige que las fuentes de financiación no estén controladas por otros Estados, alineándose con la Doctrina Monroe y los intereses de las grandes cerealeras y puertos privados, que obtuvieron los pliegos deseados.
