Por Gustavo Reija
Dentro del manto de incertidumbre política que nos envuelve como sociedad hay una certeza: el gobierno que asuma el 10 de diciembre deberá implementar un plan integral de estabilización macroeconómica que permita eliminar el peor de los impuestos que padecemos, la inflación.
Veamos el asunto de la siguiente manera, la inflación es un impuesto que el Gobierno impone sin que sea aprobado por el Congreso, es decir, es un impuesto no legislado.
La inflación ha convertido a nuestro sistema económico en una eficiente “fábrica de pobres”.
Hemos llegado al extremo insostenible en el que trabajadores registrados caen, todos los meses, bajo el umbral de la pobreza.
Cualquier gobierno del mundo financia sus gastos con recursos que sólo pueden provenir de una combinación de las siguientes tres fuentes:
• Impuestos legislados (IVA, Ganancias, etcétera),
• Deuda pública, o
• Inflación
En esto no hay soluciones mágicas. No existe otra forma de financiar los gastos.
Si la cantidad de impuestos existentes y la presión impositiva creciente agotan la posibilidad de recurrir a esta vía para financiar el gasto fiscal, y si el nivel de endeudamiento público ha llegado a niveles que han generado el cierre del acceso al crédito, las sucesivas administraciones han puesto el centro del financiamiento en el impuesto inflacionario.
Dado que el Gobierno tiene el monopolio legal de emisión de dinero, la famosa “maquinita”, la política de asistir al Tesoro con Adelantos Transitorios (un eufemismo para referirse a la emisión monetaria) viene siendo usada por las sucesivas administraciones, generando la persistencia del fenómeno inflacionario.
Dada la dinámica inflacionaria del último trimestre del año llegaremos al momento de asunción del nuevo gobierno con una tasa de pobreza superior al 45%.
Un plan de estabilización integral, que comprenda los aspectos fiscales, monetarios y cambiarios, con el objetivo de lograr el equilibrio fiscal y eliminar el impuesto inflacionario, se torna indispensable.
Terminar con el déficit fiscal se vuelve, entonces, una política progresista.
Para que el plan de estabilización tenga sustento político para su implementación se requiere consensos en el ámbito institucional en el que el mismo debe darse: el Congreso Nacional.
Dado que la Ley fundamental para la administración de los recursos del Estado es el Presupuesto Nacional y que el Proyecto del mismo para el año 2024 se encuentra ya en el Congreso cabe preguntarse: ¿existe la posibilidad de terminar con el déficit fiscal primario en el 2024?
Para contestar dicha cuestión resulta esencial considerar que, en el Proyecto bajo análisis, se ha incluido una “Separata” que resume el análisis de un conjunto de beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios que impactan en una reducción de los ingresos estatales.
A fin de comprender de qué se trata debemos definir, previamente, algunos conceptos básicos.
En materia presupuestaria se entiende por “gasto tributario” al monto de ingresos que el fisco deja de recaudar por haber brindado un tratamiento impositivo diferencial a determinadas actividades económicas, zonas geográficas, grupo especial de consumidores o consumos específicos.
Teniendo esto en consideración, y de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2024 enviado al Congreso, el total de Gastos tributarios previstos representa un 2,34% del PIB, porcentaje que se divide en los gastos tributarios derivados de normas impositivas (1,73 % del PIB) y los derivados de la existencia de Regímenes de Promoción Económica (0,61 del PIB).
A nivel macroeconómico, este tipo de gasto se traduce en una transferencia de recursos hacia los sectores incluidos en el tratamiento diferencial impositivo que señalamos. Por supuesto que dado que nada es gratis en economía, dicha transferencia de recursos es financiada por el resto de la comunidad.
El desagregado por tipo de Gasto Tributario, su comparativo para el año en curso y su impacto sobre el PIB lo podemos ver en el cuadro 1:
Lograr reducir el gasto tributario para el año 2024 en un 2.34% del PIB significaría un primer e importante paso para la implementación del indispensable plan de estabilización a implementar.
La igualdad ante la ley debe primar. No hay margen para seguir sosteniendo prebendas y privilegios sectoriales que sólo contribuyen a generar inconsistencias macroeconómicas y el incremento de la pobreza y la marginalidad.
Por supuesto que avanzar en la eliminación de los tratamientos impositivos diferenciales, ya sean estos regímenes especiales de promoción, exenciones impositivas o simplemente subsidios sectoriales, no será tarea fácil.
Sin embargo, es una discusión que hay que dar, ya que su eliminación significaría una señal importante que podría recrear la confianza para transitar el sendero que converja en el equilibrio fiscal sostenible, requisito indispensable para dejar atrás la decadencia socio económica que nos acompaña hace ya demasiado tiempo.
