Con dictamen mayoritario y polémica sobre la letra fina, el Gobierno nacional avanza en el tratamiento del proyecto de Ley Bases. El paro de la CGT, la primera baja del gabinete de Milei y la agenda de Frigerio. Además, el senador Kueider rechaza la sesión que impulsa el peronismo para impugnar el Decreto 70/2023.
Periodista
Mañana se cumplen los primeros 50 días de gestión del Ejecutivo nacional bajo la conducción de La Libertad Avanza, atravesada por la devaluación inicial del 118%, la rediscusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 “Bases para la reconstrucción de la economía Argentina” y las negociaciones para la aprobación del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocido como Ómnibus.
Supermiércoles
En la madrugada del miércoles pasado, 55 legisladores nacionales firmaron el dictamen de mayoría en la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Sin embargo, el escrito obtenido cerca de las 01:40 estuvo caracterizado por 34 acompañamientos con distintas disidencias, poniendo en alerta al Gobierno nacional, ya que sin cesiones a los pedidos de modificaciones quedaba latente una posible derrota en una eventual votación en el recinto. “No estoy dispuesto a negociar nada. Hay algunas mejoras. Puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora vayan más tarde, pero no negociamos. La libertad no se negocia”, expresó Milei en una entrevista a la periodista colombiana Patricia Janiot, marcando su postura respecto a los temas más resistidos por el resto de las coaliciones y fuerzas políticas.
Ese día, se presentaron otros cuatro dictámenes de minoría, donde uno de ellos acumuló 45 firmas, impulsado por el principal bloque opositor Unión por la Patria. El apoyo de 20 diputados de Propuesta Republicana (PRO), ocho de la Unión Cívica Radical (UCR), cuatro de Hacemos Coalición Federal y dos de Innovación Federal, permitieron el texto mayoritario, aunque la polémica posterior dinamitó los acuerdos logrados, con desenlace abierto. 13 horas después se publicó el escrito final, entre denuncias de cambios sustanciales en la letra chica luego de una reunión en un departamento del barrio Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las dudas sobre los alcances de las modificaciones abrieron cuestionamientos y denuncias de todo el arco político, especialmente de los bloques autodenominados dialoguistas que sintieron un manoseo inédito del Ejecutivo nacional. En el último documento surgieron alteraciones significativas en las regulaciones sobre las retenciones, los biocombustibles, la duración de la emergencia, las facultades delegadas, la pesca, la movilidad jubilatoria, e incluso en diversos puntos secundarios que fueron consensuados previamente con los bloques y gobernadores aliados pero que luego desaparecieron del texto.
También ese miércoles, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA de los trabajadores y CTA Autónoma) y distintos movimientos sociales, se movilizaron en diversas ciudades del país, con el escenario principal en la plaza de los dos congresos en Capital Federal. “Defendemos el derecho a trabajar dignamente, el derecho a una jubilación digna, el derecho a la protección social, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo económico, el derecho a explotar nuestros recursos naturales, el derecho a manifestarnos y protestar, y el derecho al desarrollo cultural y científico”, afirmaron en el documento leído en el palco improvisado después de la marcha. “Ningún trabajador puede desconocer la crisis social y económica que estamos viviendo, la inflación erosiona los ingresos de todos y dispara los precios a niveles inaccesibles, pero ninguna crisis puede ser la oportunidad para arrasar con los derechos fundamentales de todos los argentinos”, agregaron.
Como anticipó LA CALLE, el comunicado de la marcha entrerriana dejó un mensaje a los diputados nacionales: “Exhortamos a nuestros legisladores nacionales de la provincia a defender con firmeza los derechos de los entrerrianos, en consonancia con los principios del federalismo”, resaltaron. Evaluaron que se avecinan “tiempos difíciles, en los que el Ejecutivo nacional buscará sus votos para aprobar medidas que impactarán directamente contra el pueblo. Queremos dejar en claro que estaremos a su lado para dar las batallas contra las medidas que castiguen al campo popular con recortes y restricciones a sus derechos”. Allí, avisaron que los legisladores “tendrán que rendir cuentas ante el pueblo de Entre Ríos si deciden votar en contra de los intereses populares por los que fueron elegidos para mejorar las condiciones de vida”.
¿Todo o nada?
La bronca por la falta de interlocutores reales, con capacidad de decisión política, del gabinete del presidente Javier Milei, fue un escollo desde el inicio de las negociaciones, cuando funcionarios nacionales e invitados de los distintos sectores afectados, pasaron por las reuniones plenarias de las tres comisiones involucradas en el debate de la Ley Ómnibus. En las horas culminantes para la firma del dictamen, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el asesor de Federico Sturzeneger, Martín Fariña, eran los receptores de los múltiples reclamos opositores. El ex Titular del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri y el asesor presidencial Santiago Caputo, tomaron un rol activo y protagónico para que las charlas no terminen en un laberinto sin salida, aunque la falta de gestos y definiciones del Gobierno rompieron todos los puentes.
Las amenazas posteriores del Mandatario nacional y su ministro de Economía sobre los recursos presupuestarios para las 24 jurisdicciones, sumado al pedido de renuncia al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, confirmó la improvisación y las internas en el propio equipo de la Administración central. “Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado», había escrito Luis Caputo en redes sociales. «El ministro de Economía, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores», fue la respuesta de Miguel Pichetto, jefe de la bancada que nuclea a disidentes del PRO, la Coalición Cívica, el socialismo santafesino y el justicialismo cordobés. «Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años”, añadió el ex senador nacional. «Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al gobierno nacional», fue una de las respuestas más duras de los despachos provinciales, donde alzó la voz Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro.
El enojo de los gobernadores de Juntos por el Cambio, donde el mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, fue un actor clave en la negociación, sumado al fastidio de los diferentes sectores que componen el bloque Hacemos y a la resistencia de un puñado de bancas radicales, encabezadas por Facundo Manes, pusieron en jaque la media sanción en general de la Ley Ómnibus. La falta de cintura política del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y la carencia de poder real del experimentado ministro del Interior, Guillermo Francos, en un gabinete donde la lapicera se encuentra en manos de Caputo y del jefe de gabinete, Nicolás Posee, agudizó la incertidumbre sobre el desenlace del texto final. Como explicó Punto y Seguido, la columna de los domingos en LA CALLE, la Libertad Avanza posee 38 representantes (41 si se toman bancas externas pero propias) y necesita 129 voluntades para la consecución del quórum. Por eso, un objetivo crucial es la persuasión sobre bloques aliados, como el PRO, que contabiliza 37 escaños, el radicalismo que tiene 34 miembros y Hacemos Cambio Federal que acumula 23 integrantes. A eso hay que añadirle a Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández, que son los tres legisladores peronistas de Tucumán, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, que sumaron sus adhesiones a la propuesta libertaria, quebrando la unidad de Unión por la Patria.
¿Todo o nada? Segunda parte
El oficialismo, apurado por el cumplimiento del consenso con el FMI, los objetivos del tablero macroeconómico y la protección del capital político, buscará este martes la media sanción en Diputados. En un tono más conciliador, Caputo realizó este viernes una conferencia de prensa ante la urgencia de un poroteo negativo de los votos en la Cámara Baja. Durante su intervención oral anunció la reescritura del capítulo fiscal que incluye retenciones, movilidad jubilatoria, blanqueo, bienes personales y ganancias. “Tomamos medidas incómodas para llegar a déficit cero. Lo que de ninguna manera queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente”, expresó el súper Ministro. Sin la virulencia de días anteriores, ratificó su visión sobre los recursos hacia las provincias: “Si vamos a resignar ingresos, naturalmente vamos a tener que disminuir gastos, y eso nos incluye a todos”.
«Todas nuestras sugerencias han perseguido el objetivo de intentar acercarnos todavía más al norte que marcó el Gobierno Nacional. Es indispensable que en estos días que quedan hasta la sesión de Diputados, el oficialismo siga convocando al diálogo. No es momento ni hay espacio para disputas políticas», puntualizó Frigerio. “Estamos a disposición para un diálogo franco con el Poder Ejecutivo nacional y llegar a acuerdos que reflejen sensatez y que construyan a largo plazo”, celebró el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. “Nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas de la Nación y las provincias”, agregó el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Por su lado, el peronismo alerta que se trata de una trampa ya que la hipotética aprobación de las facultades delegadas facilita que se establezcan estos cambios por decreto. «Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley. Más ajuste, especialmente sobre provincias», advirtió Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados.
En simultáneo a los múltiples frentes en las negociaciones, la Casa Rosada tiene como desafío la sutura de las heridas abiertas al interior del gabinete, la referencia de interlocutores válidos ante gobernadores y el Congreso nacional, y la corrección de los errores no forzados en la comunicación oficial. El despido de Ferraro, atribuido a la filtración de la frase “los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”, que supuestamente Milei dijo a sus ministros, y la posterior pérdida de rango ministerial de Infraestructura, ratifican ese proceso de reorganización del Ejecutivo. “Es una cuestión de reducción de costos”, fue el insólito argumento de la canciller Diana Mondino sobre la salida de su colega. Lo cierto es que las estratégicas secretarías de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Comunicaciones, serán absorbidas por el cada vez más influyente Caputo, en un contexto donde se hablan de otras bajas en lugares claves del Gobierno nacional.
Este viernes, también se conoció una denuncia penal por falsificación de instrumento público y falsedad ideológica, ante la sospecha que el texto publicado durante la siesta del miércoles fue diferente al dictamen firmado durante la madrugada de esa misma jornada. La presentación fue efectuada por la abogada Valeria Carreras, que alertó que “estamos frente a dos dictámenes” y que detalló que la gravedad “sólo encuentra parangón en el antecedente de la denominada Ley Banelco en 2000 o del “dipu trucho” en 1992, motivo por el cual no debe dejarse el precedente del denominado dictamen blue”. “No puede admitirse que se traten temas legislativos fuera del recinto, pero mucho menos con personas ajenas al Cuerpo”, se fundamentó en la denuncia.
Tablero doble
Casi en sincronía con la conferencia de Caputo, el Mandatario entrerriano dejó un largo escrito en redes sociales ratificando su adhesión a la Ley Ómnibus. “Estamos de acuerdo con el norte que marcó el Presidente y vamos a apoyar las herramientas que necesite -y estén a nuestro alcance- para poder llevar adelante el ordenamiento del país, liberar al potencial productivo de las regulaciones que lo condicionan y lograr el equilibrio de las cuentas públicas, tareas en las que también estamos comprometidos en nuestra Provincia”, destacó. “Por eso decidimos apoyar el dictamen de Ley Bases. De 550 artículos quedan muy pocos temas para terminar de consensuar la que va a terminar siendo una de las leyes más importantes de la historia de nuestra Democracia”, detalló.
Con un ojo puesto en su rol como interlocutor de los gobernadores de Juntos por el Cambio, en la negociación de puntos determinantes para la economía y la producción de la zona centro del país, Frigerio enfrenta su propia batalla en Casa Gris, con el período de gracia del capital político cosechado en los comicios generales de octubre pasado, pero con la necesidad de iniciativas y hechos políticos que marquen el rumbo de la nueva gestión. Allí existe un obstáculo singular, que refiere a la drástica reducción de transferencias del Gobierno nacional a las provincias, en concepto de giros por fuera de la coparticipación. Si se cuenta hasta el pasado 22 de enero, las jurisdicciones recibieron 60 millones de pesos, con una caída real de casi 100% en comparación con la misma fecha de 2023, donde se distribuyeron 37 mil millones de pesos.
La capacidad de maniobra y creatividad de las administraciones, que comparten un porcentaje relevante del electorado con Casa Rosada, será crucial en un tablero caracterizado por las presiones de gobernabilidad y la necesidad de recursos para las gestiones locales. Una situación conocida por Frigerio, aunque del otro lado del mostrador, cuando era ministro del Interior de Macri y llevaba adelante la relación política con los ejecutivos provinciales. Este viernes, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, recibió a la dirección regional de la Sociedad Rural, encabezada por Juan Etchevehere, con el foco concentrado en la “carga fiscal”, en un contexto nacional donde Milei y Caputo empujan el aumento de las retenciones. Unos días antes lo hizo con los sindicatos estatales ATE y UPCN y los gremios docentes Agmer, AMET, Sadop y UDA, donde anunció un incremento del 18% para los sueldos de enero y un bono de 25.000 pesos. También estuvo en Concordia, donde realizó una reunión conjunta de los gabinetes y recordó que encontraron una provincia “sin un peso, con la obra paralizada y con deudas superiores a 20.000 millones de pesos con las empresas constructoras de obra pública”. Explicó que están “ordenando esa situación, como estamos intentando ordenar otros aspectos de la provincia. A partir de ese ordenamiento vamos a volver a impulsar la obra pública y esta reunión tiene ese sentido: que hablemos con el equipo del intendente (Francisco Azcué) para ver cuáles son las obras más prioritarias para los vecinos de Concordia”. En materia legislativa, el día jueves comenzó el tratamiento del proyecto de Ley del Régimen legal de Transición de Gobierno en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia. El encuentro contó con las exposiciones del secretario Legal y Técnico Esteban Vitor, y del secretario de Asuntos Políticos Julián Maneiro, con el propósito de dar precisiones sobre la iniciativa del Ejecutivo.
Como detalló LA CALLE, la normativa apunta a la regulación del período previo al cambio de gobierno en Casa Gris y crea una instancia especial para la sistematización y evaluación de la información.
Entre los fundamentos del proyecto se remarca la importancia de contar con “un marco jurídico que regule cuestiones fundamentales y siempre conflictivas con motivo de las sucesiones gubernamentales” y que se busca “facilitar el acceso a la información al nuevo gobierno, para que le permita tomar decisiones sin dilaciones innecesarias e identificar planes, programas o proyectos cuya continuidad resulta fundamental o incluso urgente”.
Kueider y la vigencia del DNU
“El Presidente ha iniciado su gestión de espaldas al Congreso y ha continuado con comentarios y afirmaciones agraviantes contra el Poder Legislativo, lo cual no me parece acertado. Nosotros (en referencia al bloque que conforma junto al correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo) en el Senado hemos tomado la decisión de no obstaculizar de arranque un gobierno que ha sido recientemente votado por el 56% de los argentinos”, expresó el ex secretario General de la Gobernación de Gustavo Bordet como justificativo al posicionamiento del bloque Unidad Federal en la designación de autoridades de la Cámara Alta. Allí, los tres acompañaron la táctica de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, y se posicionaron en la vereda opuesta a la postura del peronismo. “Si Unión por la Patria creyó que oponerse a la composición del Senado para que pueda funcionar era una buena estrategia, fue un error grave”, chicaneó. “Expusieron al peronismo a una derrota contundente. Ni siquiera juntaron 33 votos, 29 juntaron”, describió. “Como no tuvieron el número, quisieron bajar la sesión. Aunque yo hubiera votado con Unión por la Patria, no llegábamos de ninguna manera”, se excusó. Esas diferencias en los caminos justicialistas parecen repetirse en el debate del mega DNU 70/2023 que se encuentra vigente. Las bancadas opositoras del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana convocaron a una sesión especial para el jueves que viene, con la finalidad de rechazar el mega Decreto. En medios nacionales, Kueider planteó que es urgente una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema. “Si no se expide, puede llegar a ser peligrosísimo”, aseguró el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. “Hay que instar al presidente de Diputados (Menem) para que designe a los integrantes de la Bicameral y debatir el tema. Es un riesgo ir al recinto sin un dictamen”, señaló. “No comparto la estrategia legislativa que utilizan (Unión por la Patria). ¿Y si convocan y después no tienen quórum? ¿Y si no logran mayoría? Te puede salir el tiro por la culata”, criticó a sus ex compañeros de bloque, en un tablero donde su bancada será crucial en el poroteo final. El pronunciamiento de Kueider se da en un contexto donde el peronismo entrerriano reorganiza su posicionamiento dentro del tablero nacional del Partido Justicialista, define su papel opositor frente al gobierno de Frigerio y renueva sus autoridades internas en la provincia. Como detalló Punto y Seguido, las elecciones partidarias se efectuarán el próximo 10 de marzo, donde la actual conducción, encabezada por Bordet, busca una lista de unidad y resiste un escenario de disputa que debilite la correlación de fuerza ante la oficina principal de Casa Gris. A 50 días de la asunción del nuevo gobierno, el peronismo entrerriano no ha dado grandes definiciones y opiniones sobre los primeros pasos de la agenda gubernamental, salvo alguna respuesta muy específica como las vertidas por Juan Bahillo sobre la billetera Entre Ríos, Guillermo Michel sobre la situación financiera, o el ex Gobernador sobre los recursos que dejó en las arcas provinciales. Tampoco sobre el debate nacional que atraviesa el peronismo respecto a autocríticas del pasado y desafíos del futuro. Un ajedrez donde sus piezas se seguirán desplegando.
