El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) denegó la concesión del Recurso Extraordinario Federal, planteado por Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y exfiscal Anticorrupción de la Provincia, quien busca que se revea su destitución.
La decisión fue adoptada en forma unánime por los jueces Miguel Ángel Giorgio, Leonardo Portela, Laura Soage, Germán Carlomagno y Gervasio Labriola. De esta forma, la única herramienta que le queda a la ex procuradora adjunta, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el proceso que terminó en su destitución, es el recurso de queja.
Los magistrados señalaron que el planteo de Goyeneche no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la ley ni tampoco las causales creadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema para conceder una apelación. “El recurso extraordinario carece de fundamentación apta para acreditar la cuestión federal suficiente”, dijeron.
Goyeneche había argumentado que la sentencia de marzo había confirmado una decisión “ilegítima y arbitraria”, en el marco de un proceso en el cual supuestamente no se respetaron ninguna de las garantías del derecho de defensa. Incluso, sostuvo que fue juzgada por una típica “comisión especial” que la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional prohíben, y cuestionó la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de remover del proceso a la totalidad del Ministerio Público Fiscal, entre otras objeciones.
La destitución
En mayo de 2022, en una decisión por mayoría, el Jurado de Enjuiciamiento decidió la destitución de Cecilia Goyeneche, por lo que fue removida de su cargo como Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos y de su función como fiscal anticorrupción. Los que se inclinaron por la destitución fueron los vocales del STJ, Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone, Gisela Schumacher, el legislador del PJ Armando Gay y el representante del Colegio de la Abogacía, Gonzalo García Garro. A favor de Goyeneche lo hicieron la titular del Jurado, Verónica Mulone, y el diputado peronista, Gustavo Zavallo.
Imagen del jury a Goyeneche. (Archivo).
El Jury en su contra se abrió el 30 de noviembre de 2021 a raíz de una denuncia por supuesto mal desempeño en sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y graves desórdenes de conducta. Se la acusó por no haberse excusado de la causa de los Contratos Legislativos, debido a una supuesta relación comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, que además era amigo y socio de su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi.
Las razones de Goyeneche
Entre otros argumentos que expuso Goyeneche en su recurso extraordinario, y que el STJ no tuvo en cuenta, hizo referencia al contexto de las denuncias que precedieron al inicio del proceso de enjuiciamiento, en alusión a la causa por los contratos en la Legislatura. Afirmó que el planteo recusatorio que allí se le hizo fue realizado en base a afirmaciones falsas, con el sólo fin de deslegitimar la investigación que llevaba adelante.
La funcionaria destituida reprochó también la separación del proceso de Jury de la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal –112 miembros– para seleccionar del listado de conjueces del STJ a quien llevó adelante la acusación como fiscal ad hoc, Gastón Justet. Recordó también que de los 17 conjueces a los cuales se fue solicitando que sustituyeran al MPF, 15 de ellos se negaron a hacerlo expresando que consideraban ilegal e inválida tal designación, y recién el penúltimo de la lista aceptó el cargo.
Según Goyeneche, Justet –fallecido en noviembre de 2022– tenía “una larga trayectoria en el oficialismo local que se mantiene al mando del Ejecutivo entrerriano desde 2003 hasta hoy”, en referencia al peronismo, lo que evidenciaría que el Jury en su contra no buscó sino interferir en las investigaciones de corrupción y afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal. Fuente: (UnoEntreRíos-PáginaJudicial).
