El debate comenzó pasadas las 14:00 y se extendió hasta altas horas de la noche en el recinto de senadores.
El Senado de la Nación debatía el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno, en una sesión especial con la mayoría de los legisladores conectados en forma virtual y que probablemente se extenderá hasta la medianoche. El debate, del que formar parte 64 senadores en forma virtual y cuatro en el recinto junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, fue seguido durante la tarde desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponen a la aprobación del proyecto.
Durante la discusión, en la que se anotaron 41 oradores, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio adelantó que no acompañará la norma, aunque se descuenta su sanción porque el oficialista Frente de Todos cuenta con los votos suficientes para aprobarla y girarla a la Cámara de Diputados para que intente convertirla en ley. La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos afirmó que la reforma está orientada “a garantizar la independencia de los jueces” y apuntó al Gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de haber montado “una persecución judicial” contra la expresidenta y miembros de sus administraciones. En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseguraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para “licuar” el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.
Desde el FdT, la senadora que presidió el debate en comisiones, María de los Angeles Sacnun, rechazó esas acusaciones; precisó que el proyecto “es una primera ley” que “cumple con promesas de campaña” del presidente Alberto Fernández y reprochó a los legisladores de la oposición no haber sumado ninguna propuesta de cambio cuando tuvieron oportunidad de hacerlo.
La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de 94 cargos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.
