El Senado de la Nación respaldó con un amplio consenso un proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de los principales beneficios contemplados en la actual emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento está previsto para fines de este año. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, será debatida en el recinto el próximo 19 de noviembre, con la intención del oficialismo de convertirla en ley.
El dictamen reunió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y distintas bancadas provinciales. Antes de llegar al recinto, la propuesta será analizada en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.
La titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y consideró que la búsqueda de una solución que permita superar la emergencia debe ser una prioridad del Congreso. Entre los aspectos que valoró mencionó la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión por discapacidad con el acceso a un empleo formal, al entender que el trabajo constituye una herramienta fundamental para la autonomía y la inclusión.
También señaló la importancia de mantener los incentivos para los empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura sanitaria.
Desde el justicialismo, la senadora Juliana Di Tullio anticipó el acompañamiento de su espacio al dictamen, al considerar necesario brindar certezas a las personas con discapacidad y sus familias antes del vencimiento de la emergencia, previsto para el 31 de diciembre.
Una de las voces críticas fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien cuestionó que el proyecto no haya sido consultado con los organismos y las organizaciones especializadas en discapacidad. En particular, señaló la falta de participación del Estado nacional y de las entidades que integran el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).
Los principales alcances del proyecto
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, retoma gran parte de los beneficios establecidos en la Ley 27.793, pero propone dejar atrás su carácter de emergencia para convertir sus disposiciones en un régimen permanente y de orden público.
Entre sus principales medidas establece la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el trabajo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La pensión equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y el beneficio alcanza a quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Asimismo, mantiene un nomenclador único de prestaciones y contempla la actualización periódica de sus aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria. También garantiza la cobertura médica básica del programa federal Incluir Salud para los titulares de las pensiones por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, establece que los recursos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio presupuestario anterior.
El texto también incorpora un esquema de auditorías periódicas, mediante el intercambio de información entre distintos organismos nacionales, entre ellos ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Estos procedimientos deberán respetar las garantías del debido proceso inclusivo.
Por último, a partir de un planteo de los bloques aliados, se incorporó una disposición transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. Además, fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la nueva normativa.
La discusión legislativa busca establecer un marco de continuidad para las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad, más allá del vencimiento de la actual ley de emergencia.
