La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó por mayoría el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reglamentar el efecto derogatorio establecido en el artículo 60 de la Constitución provincial. El oficialismo sostuvo que la iniciativa busca aportar previsibilidad y seguridad jurídica, mientras que la oposición cuestionó sus alcances y advirtió que podría limitar los amparos y favorecer la protección de la reciente reforma previsional.
En una sesión extraordinaria realizada este martes al mediodía, el Senado entrerriano debatió y dio sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo, en medio de fuertes diferencias entre los bloques respecto de sus consecuencias jurídicas y políticas.
La sesión contó con las ausencias de Hernán Méndez (Juntos por Entre Ríos), por motivos de salud, y de Juan Diego Conti y Claudia Silva, ambos del PJ, por razones personales.
Críticas de la oposición
Desde Más para Entre Ríos, el senador Juan Pablo Cosso explicó el rechazo del bloque a la iniciativa y cuestionó la rapidez con la que fue llevado al recinto. Señaló que se había solicitado un dictamen a la Asociación de la Magistratura, pero que el documento no llegó a ser recibido antes del tratamiento legislativo.
Cosso sostuvo que el proyecto no se limita a reglamentar el artículo constitucional, sino que modifica su alcance. Según planteó, la nueva normativa establece restricciones sobre los mecanismos para determinar la inconstitucionalidad de una norma y otorga un papel central al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El legislador vinculó además la iniciativa con la reforma previsional recientemente aprobada. Desde su perspectiva, la combinación entre la celeridad del tratamiento y las nuevas condiciones para los amparos podría funcionar como una herramienta para reducir las posibilidades de cuestionamiento judicial a esa reforma.
En el mismo sentido se expresó el senador Sanzberro (PJ), quien calificó la iniciativa como un posible “blindaje legislativo” y sostuvo que podría debilitar los mecanismos de control constitucional.
Según explicó, el nuevo esquema limitaría el criterio a determinadas sentencias del STJ en pleno, dejando fuera resoluciones de las Salas, procesos de amparo y declaraciones de oficio. Además, no alcanzaría con tres fallos que declaren la inconstitucionalidad de una norma, sino que deberían existir coincidencias en sus fundamentos.
La defensa del oficialismo
Desde Juntos por Entre Ríos, el senador Jaime Benedetti defendió el proyecto y aseguró que su objetivo es brindar mayor previsibilidad al sistema jurídico provincial.
El legislador sostuvo que se trata de reglamentar un aspecto puntual de la Constitución y que la iniciativa apunta a establecer criterios claros frente a las diferentes interpretaciones judiciales.
Benedetti recordó que Entre Ríos cuenta con un sistema de control de constitucionalidad difuso, mediante el cual cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto. Según explicó, esta situación puede derivar en decisiones contradictorias frente a situaciones similares.
En ese marco, consideró necesario establecer un criterio que permita generar mayor seguridad jurídica y previsibilidad en los procesos judiciales.
También respondió a las críticas por la falta del dictamen de la Asociación de la Magistratura y sostuvo que no resultaba imprescindible contar con esa opinión para avanzar con el proyecto, debido a que la aplicación del mecanismo involucra al Superior Tribunal de Justicia.
Aprobación y próximos pasos
Luego del debate, el proyecto fue aprobado por mayoría. Entre los apoyos se destacaron los votos de las senadoras Nancy Miranda, exintegrante del bloque PJ y actualmente en el Frente Cimarrón, y Gladys Domínguez, del PJ.
Durante la misma sesión, el Senado resolvió además que el proyecto de Transparencia y Ética Pública regrese a las comisiones correspondientes para continuar con su análisis antes de volver al recinto.
