El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones, establece un procedimiento abreviado para recuperar inmuebles usurpados y contempla cambios en la normativa de regularización dominial y de tierras rurales.
La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados, entre ellos la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En rechazo votaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
El proyecto atravesó modificaciones durante su tratamiento legislativo. En el Senado se retiraron inicialmente cambios vinculados a las leyes de Tierras Rurales y Manejo del Fuego, mientras que durante el debate en Diputados se reincorporó la normativa sobre tierras, en medio de cuestionamientos y discusiones sobre el alcance de las reformas.
En ese marco, se mantiene el límite del 30% de extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, así como el tope de 1.000 hectáreas en zonas consideradas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.
Desalojos
Uno de los aspectos centrales de la norma es la incorporación de un procedimiento de restitución rápida de inmuebles ocupados ilegalmente o bajo tenencia precaria. En esos casos, el juez podrá disponer la entrega inmediata de la propiedad cuando considere verosímil el derecho invocado y se presente una caución juratoria.
A pedido del propietario y con documentación que acredite la titularidad, el magistrado podrá intimar a la restitución del inmueble en un plazo de 72 horas.
La normativa también establece un procedimiento para los casos de incumplimiento en el pago de alquileres. Los inquilinos morosos deberán ser notificados mediante carta documento y contarán con un plazo mínimo de 10 días corridos, desde la recepción de la comunicación, para regularizar la deuda.
Cambios en las expropiaciones
La iniciativa modifica el régimen de expropiaciones y establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva. En adelante, el Estado deberá fundamentar de forma precisa las razones que justifican la expropiación de un inmueble.
Además, fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante. En cuanto a los intereses, establece que se calcularán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
Regularización dominial
Por otra parte, el proyecto modifica la denominada Ley Pierri, que contempla mecanismos para regularizar la situación dominial de viviendas. La reforma establece que podrán acceder a la escrituración de su vivienda única aquellas familias que acrediten una posesión pública durante los 10 años previos, bajo las condiciones previstas en la normativa.











