Néstor Belini
El conflicto de poder que se desató entre el Poder ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de las indispensables miradas sobre la conducta de gobernadores que en un primer momento elevaron sus voces críticas contra decisiones del máximo órgano de justicia nacional para luego replegarse sobre sus pasos y no acompañar el pedido de juicio político contra los cuatros vocales el Alto Cuerpo que impulsa el Ejecutivo, ofrece una nueva oportunidad para entender las dinámicas políticas, los intereses que se mueven detrás de las bambalinas del poder institucional y el real y la influencia e injerencia que la Corte tiene en la economía de los argentinos. De todos, de los de a pie, con trabajo o desocupados y de los beneficiados de siempre por todas las gestiones de gobierno, sin distinción de banderas políticas.
Parecería que el momento histórico, por la densidad de los intereses en juego y porque de la resolución de este grave conflicto institucional se definirá el perfil de la Argentina de las próximas décadas, no es uno que se preste a especulaciones. La actual composición de la Corte es una de las más cuestionadas, incluso tanto como la del ex presidente Carlos Menem, que elevó su integración a nueve miembros y obtuvo lo que se dio en llamar “Mayoría Automática”.
Entre los desatinos que definen a la actual composición de la Corte, al menos y en primera instancia desde lo institucional, se encuentra que dos de sus miembros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron designados por decreto del ex presidente Mauricio Macri, aunque luego dio marcha atrás por las fuertes críticas que recibió la decisión y las designaciones pasaron por el Senado, siguiendo los pasos que la Constitución prescribe. Posteriormente, en medio de la disputa por la presidencia del cuerpo, ambos votaron por sí mismos como presidente y vice, respectivamente.
Los ruidos de la política
En lo que puede ser considerado, desde una mirada ingenua, como un desborde en el ejercicio de las facultades que les son propias, los cortesanos vienen dando muestras de una sostenida injerencia en las facultades del Poder Legislativo. En este sentido, se encuentra la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la Ley que regula la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, restituyendo la vigencia de una ley derogada hace más de 17 años. La importancia del Consejo de la Magistratura consiste en que es el órgano responsable de la selección y remoción de jueces y de la administración del Poder Judicial. La movida restituyo la presidencia del Consejo a la Corte. La Corte también es cuestionada por fallos que beneficiarían al poder económico, en detrimento de los alicaídos bolsillos de la mayoría de los argentinos.
Aquellas decisiones y conductas serían motivo suficiente para ser parte de un pedido que está consagrado en las leyes de la Nación. Por eso generó inquietud y “ruidos” en el sector político que varios gobernadores que antes cuestionaban las resoluciones de la Corte, hayan dado marcha atrás en sus posiciones y no hayan acompañado el pedido de juicio político. Las especulaciones están a la orden del día. Solo los que tomaron aquella decisión saben de los íntimos motivos que tuvieron. Hubiese sido importante que se los conociera de boca de ellos mismos y no por trascendidos. Por su parte, la sociedad tendrá en las próximas elecciones la oportunidad de evaluar, junto a variables como la economía y la seguridad, si tomar decisiones para restituir el equilibrio de poderes que constituye a la República, será una variable más para castigar o valorar una gestión de gobierno.
