Un nuevo acuerdo con el FMI para la reprogramación de los vencimientos por 44.000 millones de dólares que la Argentina adeuda al organismo, es sin duda uno de los principales desafíos financieros del Poder Ejecutivo en el 2021 para ayudar a la estabilización y recuperación de la economía. El acuerdo no implicará sólo una negociación técnica y política con el FMI y los gobiernos que tienen peso en el Directorio, sino que también agregará una negociación interna en el seno del Congreso, si se convierte en ley la iniciativa del ministro de Economía, Martín Guzmán, acerca de la sostenibilidad de la deuda externa que dispone que los futuros acuerdos con el Fondo deban ser aprobados por el Parlamento, entre otras cuestiones. Este proyecto parlamentario logró media sanción en el Senado en el 2020 y tiene tratamiento pendiente en comisiones en Diputados. Fuentes consultadas por Télam indicaron que su análisis quedó reservado para después del receso estival parlamentario estipulado para la primera quincena de enero. En el plano técnico, tanto los funcionarios de Economía y del Banco Central, como del FMI, se encuentran en contacto permanente con conversaciones virtuales para avanzar en los detalles de un nuevo acuerdo, en la modalidad de un programa de Facilidades Extendidas (EFF) -para reemplazar al actual Stand by-, con el propósito de extender vencimientos a 10 años y obtener cuatro años y medio de gracia. El programa vigente con el FMI requiere que el país devuelva entre 2022 y 2023 una suma de casi US$ 40.000 millones, algo que el Gobierno consideró fuera de sus posibilidades al inicio del mandato de Alberto Fernández. También en el 2021 hay pautado un vencimiento por cerca de 10.500 millones de dólares. Estos vencimientos con el Fondo Monetario Internacional a fines del 2021 se convirtieron en los únicos pagos en dólares que el Gobierno deberá afrontar hasta el 2024, luego de la reestructuración de deuda encarada con los acreedores privados, por un poco más de 100.000 millones de dólares.
