El Parlamento Europeo votó por mayoría ajustada (334 a 324) frenar el acuerdo comercial con el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise su compatibilidad con los tratados europeos, lo que retrasará su entrada en vigencia al menos un año.
La decisión, tomada apenas cuatro días después de la firma del acuerdo en Paraguay, paraliza efectivamente la tramitación del pacto que llevó 26 años de negociaciones. El TJUE deberá pronunciarse sobre dos cuestiones centrales puestas en duda por los diputados: la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto (que algunos temen pueda afectar la autonomía regulatoria de la UE) y la base legal elegida para su aprobación (que permite ratificar los capítulos comerciales sin el consentimiento de los parlamentos nacionales).
El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, expresó su desacuerdo, argumentando que las cuestiones planteadas «no están justificadas» porque ya fueron abordadas de manera «muy profunda» con el Parlamento y en tratados pasados, como el de Chile con la UE.
Según el procedimiento, este tipo de opiniones del TJUE suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque la corte podría darle prioridad. Diferentes voces dentro del Parlamento habían anticipado que el congelamiento se aprobaría de manera muy ajustada, a pesar de los argumentos en contra de retrasar la ratificación, especialmente ante las recientes amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ocho países europeos por el envío de tropas a Groenlandia.
