El gobierno de Javier Milei, a través de los diputados de La Libertad Avanza, organizó una audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares que excluye a más del 90% de las más de 85.000 personas inscriptas, limitando las exposiciones orales a unas 360 personas en dos jornadas (25 y 26 de marzo) y obligando al resto a presentar videos o escritos. Organizaciones ambientalistas y ciudadanos presentaron amparos judiciales denunciando que la modalidad viola la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, aunque la Justicia rechazó las medidas cautelares.
La resolución de las comisiones de Recursos Naturales (José Peluc) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) estableció que solo los primeros inscriptos de cada jurisdicción podrán exponer presencialmente o por Zoom (cinco minutos por orador). El resto deberá presentar escritos o videos al canal de YouTube de Diputados. Organizaciones como Greenpeace, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Abogados Ambientalistas, FARN y el Círculo de Políticas Ambientales argumentaron en sus presentaciones que el formato restringe la participación ciudadana, selecciona sesgadamente a los oradores y vulnera el derecho a un ambiente sano y a la participación en su protección (arts. 41 y 43 de la Constitución), así como la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó que «esta gente no se va a poder expresar» y que se les dio lugar a menos del 0,4% de los inscriptos. El exdiputado Hernán Pérez Araujo, tras presentar un amparo, fue habilitado para exponer presencialmente. Sin embargo, el juez federal subrogante Enrique Alonso Regueira rechazó la medida cautelar solicitada por las organizaciones, al considerar que no se acreditaban «vicios manifiestos» en la conducta del Congreso.
Mayoraz celebró en redes: «Participación federal y récord histórico: todas las provincias tienen representación garantizada en las instancias en vivo, de forma presencial y virtual. Más de 28 horas de audiencia y más de 100.000 participantes. Esto es lo más federal e inclusivo que se haya visto en el Congreso». Las organizaciones sostienen que «si la participación se obstaculiza, no se está organizando una audiencia pública» y que «el proceso es ilegal y antidemocrático». El debate sobre los glaciares se realiza mientras el oficialismo impulsa una reforma que permite a las provincias definir qué áreas periglaciares proteger. La audiencia comenzó este miércoles con un fuerte operativo de seguridad.
