En una jornada marcada por un paro de la CGT sin movilización, una marcha de gremios combativos al Congreso que terminó con represión, y fuertes cruces en el recinto, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo este jueves la media sanción en Diputados a la reforma laboral con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención.
El proyecto fue aprobado en general con el respaldo de LLA, Fuerzas del Cambio (UCR, PRO, MID), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y bloques provinciales alineados con gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), y otros como Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta). Unión por la Patria votó en contra.
Previo a la votación, el oficialismo eliminó el artículo 44, que establecía que ante enfermedad o accidente no laboral se percibiría el 50% del salario por tres o seis meses. Este fue el principal reclamo de los aliados para sostener su apoyo. El PRO, por su parte, desistió de su pedido de incluir billeteras electrónicas para el pago de salarios, aunque anunció que lo impulsará como proyecto aparte.
La sesión comenzó con un quórum ajustado de 130 diputados. Durante el debate, el peronismo intentó sin éxito que el proyecto vuelva a comisión. Hubo momentos de tensión cuando la diputada Florencia Carignano (UxP) desconectó los micrófonos de los taquígrafos y legisladores se abalanzaron sobre el estrado de presidencia.
Críticas en el recinto
El diputado de LLA Lisandro Almirón defendió la iniciativa: «Nuestra legislación laboral actual, rígida y anacrónica, funciona como una barrera infranqueable para la registración del empleo formal».
El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, cuestionó a los diputados peronistas que acompañaron al oficialismo: «Han ofrecidos distintos packs: está el pack quórum y después te levantás y te vas; el pack quorum, votación en general y hacés la crítica en la votación individual. Han ofrecido packs y no sabemos a cambio de qué. Cinco meses después del escándalo de la Banelco supimos el contenido de las cosas».
El diputado de Innovación Federal Pablo Outes respondió: «No existe el dueño millonario ni la empresa de tres o cinco turnos o la exportadora. Las provincias hemos quedado postergadas».
Martín Lousteau (Provincias Unidas) cuestionó que el proyecto no aborda «preguntas relevantes sobre cuál debe ser el rol de los sindicatos en el siglo XXI, cómo se deben modificar en base a cambios tecnológicos las relaciones laborales». Mónica Frade (Coalición Cívica) advirtió: «Legislen bien, para otros cincuenta años, no hagan burradas». Desde el peronismo advirtieron que la ley tiene alto riesgo de judicialización.
Qué sigue
El Senado ya convocó a un plenario de comisiones para tratar el proyecto. Desde LLA estiman que se repetirán los votos que dieron la primera sanción la semana pasada. El oficialismo tiene tiempo hasta el 28 de febrero para pedir sesión y sancionar la ley.
Reacción opositora
Dirigentes de Unión por la Patria calificaron la ley como «el retroceso más importante en derechos de los trabajadores desde la dictadura». Cuestionaron el «tratamiento exprés, sin debate en comisiones» y aseguraron que «la única forma de sancionarla fue con represión y comprando votos con promesas a los gobernadores». Advirtieron que «la pelea va a seguir, en la calle, en la Justicia, en el Congreso y en la lucha política para revertir los daños».
